El abogado Daniel Gustavo Reposo, un hombre cercano al vicepresidente Amado Boudo, fue designado por la mandataria Cristina Fernández para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación.

Así lo confirmó este martes a la prensa el secretario de Medios y vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, quien indicó que la jefa de Estado propondrá al Senado nacional la figura de Reposo para ocpuar el cargo vacante.

Luego de la renuncia de Esteban Righi a ese puesto, la mandataria sugirió como su remplazante al actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en el marco de las denuncias contra Boudo por el supuesto tráfico de influencias afavor de la ex imprenta Coiccone Calcográfica.

En noviembre de 2009, el ex ministro de Economía había logrado colocar a Reposo como titular de la SIGEN, órgano de control interno del Poder Ejecutivo.

En su perfil de Twitter, Reposo se define como “Síndico General de la Nación, abogado, ex gerente de Prestaciones Anses, laboralista, veroniquense, peronista K y amante del golf”.

Oriundo de Verónica –un pueblo del este de la provincia de Buenos Aires- estudió Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

De septiembre de 1986 a diciembre de 1992, se desempeñó en la Sindicatura General de empresas públicas y al año siguiente, fue subgerente institucional de la Sindicatura General de la Nación. Desde 2007 al 2009 fue gerente de Prestaciones de la ANSeS y luego fue titular de la Unidad de Auditoría Interna.

Reposo, actualmente, es síndico titular en Papel Prensa. Entró como suplente, pero rápidamente se logró la renuncia de los titulares. Asumió el 3 de julio de 2010, junto a Agustín Tarelli, que es su número 2 en la SIGEN.

Ahora, tras ser designado por la presidenta, Reposo deberá pasar por un proceso de selección que instaló Néstor Kirchner en junio de 2003.

Producida la vacante, el nombre y los antecedentes del remplazante propuesto por la Casa de Gobierno se publicará en el Boletín Oficial y en dos diarios nacionales durante tres días.

Durante 15 días, asociaciones civiles, académicas y de derechos humanos podrán presentar apoyos y objeciones a la persona elegida para el cargo, y, de no haber impugnaciones, el Poder Ejecutivo tiene otros 15 días para elevar al Senado al candidato.

La Cámara Alta deberá realizar una audiencia pública con el postulante y en el pleno del recinto se necesitarán los dos tercios de lso votos para aprobar la designación.

Durante el proceso de selección, el postulante deberá presentar una declaración jurada de sus bienes, los de su cónyuge y los de sus hijos, además de las asociaciones civiles y comerciales, los estudios de agobados que integró en los últimos ocho años y “cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio”.