El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, enfatizó que la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman "es una responsabilidad que corresponde al Poder Judicial", y en ese sentido remarcó que "actúa en la causa una fiscal, no existe interferencia de ninguna naturaleza, sino voluntad de apoyar para el esclarecimiento del hecho. Las garantías existen para la investigación exhaustiva profunda", subrayó al rechazar la "injerencia indebida del legislador estadounidense de la derecha republicana Marco Rubio, quien reclamó "una investigación internacional" sobre la muerte del fiscal de la causa AMIA de los últimos nueve años.

"Argentina es un país autónomo, soberano e independiente. Con su visión imperial desconoce la carta de la ONU y significa una intromisión indebida, una injerencia indebida propia de carácter imperial. Rubio representa a la más recalcitrante derecha republicana, y sus declaraciones constituyen un agravio", se indignó Capitanich. 

   Sindicalismo opositor
En otro orden, el jefe de ministros descalificó las conclusiones a las que llegó ayer la CGT opositora, que se reunió en la ciudad de Mar del Plata, asegurando que es “falso” que existan 3,5 millones de desocupados, y explicó que la inflación "no fue en 2014 del 40 %, sino que arrojó un índice cercano al 24 por ciento”. El chaqueño afirmó que "los desocupados son menos de un millón cuatrocientos mil" y que la inflación de 2014 "no fue del 40%, sino menor al 24%". 

También desestimo que haya un deterioro del salario real. "Es necesario medirlo en distintas categorías y convenios colectivos de trabajo y usualmente se llega a un número aproximado de 1650 convenios colectivos de trabajo, y cuando uno toma el período 2003-2104 hubo una recuperación sustancial del poder adquisitivo y una expansión de 6,4 millones de nuevos puestos de trabajo”. Por lo tanto, finalizó, “las tres cuestiones no tienen ningún asidero respecto a cualquier índice cualitativo de medición".

   Nombramiento de jueces
Por último, Capitanich remarcó que "la oposición política no puede negarse al tratamiento de la designación de un juez", y agregó que, "si no hubiera acuerdos políticos" respecto de estas designaciones, "no tendríamos ningún juez en el país. Sería violar los principios que avalaron el decreto 2003 y es estar en contra del funcionamiento estricto de lo que la Constitución nacional estipula", sostuvo el funcionario en la conferencia de prensa realizada esta mañana en Casa de Gobierno. Así se refirió al anunciado rechazo por parte de la oposición del pliego de Carlés para la Corte Suprema, un acto que para algunos juristas entre en el encuadramiento legal del delito de sedición.