Más de 50 agrupaciones sociales se movilizaron hoy al Puente Pueyrredón al cumplirse 12 años de la denominada "Masacre de Avellaneda" y exigieron "juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales" del asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. 
  
La conmemoración empezó esta madrugada, cuando un grupo reducido realizó una vigilia sobre el puente que conecta la ciudad
bonaerense de Avellaneda con la Capital Federal, y continuó pasadas las 11.00 con una movilización y corte de tránsito de los
que participaron unas tres mil personas.
  
Durante el acto hubo numerosas críticas al Gobierno y a la oposición por tener entre sus filas a algunos de los dirigentes
señalados por estas agrupaciones como "responsables" de la represión del 26 de junio de 2002, pero también al juez federal
Ariel Lijo, a cargo de la causa.
  
"Seguimos reclamando las mismas cosas que reclamaban Maxi y Darío. A 12 años, esa lucha por mejoras salariales y trabajo digno está totalmente vigente", expresó Vanina Kosteki, hermana de uno de los militantes asesinados en la estación de Avellaneda el 26 de junio de 2002.
  
Vanina, que le puso Maxi a uno de sus hijos, le apuntó también al Gobierno nacional, por considerar que "mantiene vigente la
impunidad".
  
Por su parte, Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, agradeció a todos los presentes en el acto por "mantener viva la mamoria y por ser una prolongación de los sueños de Darío y Maxi" y agregó: "En este 12 años uno no siempre estuvo bien, pero no puedo quedarme en casa a llorarlo porque sería una traición".
   
En el documento leído durante el acto, las agrupaciones exigieron "juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales" del asesinato de Kosteki y Santillán y afirmaron que varios de ellos "continúan activos en la arena política, repartidos entre el oficialismo y la oposición".
  
Entre ellos, mencionaron al senador oficialista Aníbal Fernández; a los diputados del Frente Renovador Alfredo Atanasof y
Felipe Solá; al operador de ese partido Juan José Álvarez, y al expresidente Eduardo Duhalde.
  
"La masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado", afirma el comunicado, en el que se asegura que el día de la represión
"apostaron franco tiradores, reclutaron policías retirados y utilizaron policías vestidos de civil". 
  
También le apuntaron al juez Lijo, a quien criticaron por haber "archivado la causa" y le reprocharon que "nunca solicitó los
cruces de llamadas y no movió un dedo para condenar la masacre", al tiempo que señalaron que "los alcahuetes del Gobierno atacan a Lijo ahora porque avanza contra el vicepresidente Amado Boudou".
  
Las agrupaciones también se refirieron al cambio del nombre de la estación de trenes de Avellaneda de la Línea Roca por el de
"Maximiliano Kosteki y Darío Santillán", mediante una ley aprobada el año pasado por el Congreso.
  
En este sentido, el comunicado repudió "la manipulación oficial de la memoria de Darío y Maxi" y señaló que "no importa que le
cambien el nombre a la estación Avellaneda porque la gente ya la bautizó en los hechos".
  
Por otra parte, cuestionaron diversas políticas y decisiones del Gobierno, entre las cuales fueron mencionadas varias veces la 
"designación de (César) Milani al frente del Ejército, el proyecto de ley anti piquetes y la ley anti terrorista". 
  
Se trata, según opinaron, de "medidas represivas con las que pretenden atacar las luchas obreras".
  
De la movilización participaron el Frente Popular Darío Santillán; MTD Aníbal Verón; Frente Resistencia Popular; Polo Obrero; Quebracho; MST Teresa Vive y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), entre otros.
  
Además, estuvieron presentes los dirigentes del Polo Obrero Néstor Pitrola, del MST Vilma Ripoll y del PTS Myriam Bregman,
entre otros.
  
Santillán, de 21 años, y Kosteki, de 24, fueron asesinados a balazos el 26 de junio de 2002 durante una represión encabezada
por efectivos de la Policía Bonaerense, cuando los dirigentes cortaban el tránsito hacia el Puente Pueyrredón en reclamo de
planes sociales.

Por los crímenes, el 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 condenó a prisión perpetua al ex comisario inspector Alfredo
Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta, entre otros efectivos de la Policía Bonaerense.