El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se mostró interesado por conocer quién paga los honorarios al defensor de Diego Lagomarsino. “Qué lindo sería saberlo”, respondió el jefe de ministros en su habitual encuentro con periodistas antes de ingresar a la casa de Gobierno, al ser consultado acerca de quién paga los honorarios al abogado Maximiliano Rusconi, ya que su defendido percibía la suma de 20 mil pesos.

Recordó que ese letrado es “carísimo” y “tuvo a su cargo muchos casos resonantes” y recordó que cuando él se desempeñaba como jefe de las fuerzas de seguridad federales, Rusconi patrocinó legalmente a dos serbios imputados en causas por narcotráfico, y logró que un magistrado los autorizara a asistir a un casamiento de un familiar directo. Fue “un hecho escandaloso y que nosotros cuestionamos severamente en aquella oportunidad” y subrayó que ese letrado “defiende a gente que tiene mucha plata para pagar sus servicios”. Remarcó que Lagomarsino “no tiene un centavo” y se preguntó “¿por qué lo están defendiendo y a quién están protegiendo y tapando cuando contratan un abogado de estas características. ¿O es un hombre de beneficencia?”.
 
En este contexto, aclaró que en sus declaraciones de ayer “no” habló “de las acciones privadas” del fallecido fiscal Alberto Nisman, “sino de las que tienen relevancia penal”, como son “la malversación de caudales públicos por contratar ñoquis” o “el cohecho por sacarle el sueldo a alguien. Si eso para mi amigo Ernesto Sanz es ser un cobarde, seré un cobarde, pero a él no le va a perdonar nunca nadie haber rifado un partido, que legítimamente se ha constituido en la historia, a Mauricio Macri, en una alianza que él ni siquiera reconoce como de coalición”.
 
También recordó que al Poder Ejecutivo no le corresponde controlar el destino de los fondos asignados a la Unidad Fiscal AMIA, que conducía el fallecido fiscal Alberto Nisman, ya que depende de la Procuración General de la Nación, que “es un extrapoder desde 1994”, y desde entonces “los fiscales no dependen del Poder Ejecutivo”. Además, indicó que a la Unidad Fiscal, la Procuración “no podía decirle a quién contratar” y reiteró que “no hay forma de que el Gobierno sepa qué se hace en el Ministerio Público Fiscal”.