Escuchá ahora

Somos Boca

Junto a Boca en cada partido del Xeneize.


Análisis. Avanza la estrategia de “alimentos congelados” para apuntalar el consumo

El Gobierno negocia más acuerdos de precios con las alimenticias, con el objetivo de desacelerar la inflación de la canasta básica. Por Agustina Devincenzi.

Análisis. Avanza la estrategia de “alimentos congelados” para apuntalar el consumo

Alimentos congelados. Foto:

Mientras que algunos sectores reclaman desesperadamente la ayuda del Estado y piden que los dejen funcionar para sobrevivir, otros se benefician con las actuales restricciones y aumentan sus ingresos a medida que se extiende la situación sanitaria.

Sin embargo, más allá de la performance desigual de los distintos segmentos de la economía, el impacto de la pandemia resulta inevitable. En 2020, el consumo bajó un 13% comparado a 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los primeros meses de 2021 también exhibieron números negativos.

En marzo, las ventas en supermercados, a precios constantes, cayeron un 8,8% comparado al mismo mes de 2020, de acuerdo a la Encuesta de Supermercados mensual que realiza el INDEC. La facturación significó $ 107.222,8 millones, equivalente a una suba interanual del 25%, cuando la inflación superó el 42% en el mismo período.

En este escenario, el Gobierno acelera su estrategia anti-crisis de “alimentos congelados”. Las medidas de emergencia apuntan a contener los precios de la canasta básica, que, en los últimos meses, aumentaron por encima del promedio, a tal punto que las relaciones entre funcionarios y empresarios se tensaron.

En los próximos días, la Secretaría de Comercio Interior buscará cerrar distintos acuerdos, con dos objetivos en mente: incrementar el poder de compra, especialmente de los sectores más postergados de la sociedad, con salarios deteriorados; y desacelerar el ritmo inflacionario, en la carrera rumbo a las elecciones de medio término.

Entre las propuestas que se discuten, se encuentra la confección de una oferta de artículos básicos que se sumaría a Precios Cuidados y, eventualmente, reemplazaría a Precios Máximos.

La canasta estaría compuesta por alrededor de 110 productos y no estaría disponible no solo en las grandes cadenas de supermercados, sino también en comercios de cercanía, almacenes de barrio y autoservicios asiáticos, para ampliar la capilaridad.

Aunque el vínculo entre el Gobierno y los frigoríficos atraviesa uno de sus peores momentos, en medio de las medidas de fuerza del sector cárnico tras la prohibición de las exportaciones, avanza el diálogo para sellar otro convenio, que permitiría duplicar la cantidad de carne que llega a los supermercados y las carnicerías con valores rebajados. Así, se extendería el alcance del contrato a precios accesibles que se encuentra vigente.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dio pistas de la iniciativa que se implementaría en el corto plazo en el caso de la Tarjeta Alimentar. “Se quiere eliminar el IVA e incentivar la buena nutrición”, señaló. De concretarse, se aplicará una rebaja en las compras de alimentos de primera necesidad de 2,5 millones de familias y 4 millones de niños, el universo de beneficiarios que se agrandó recientemente.

Asimismo, esta semana, el sector lácteo firmó un acuerdo con el Gobierno para incorporar 32 nuevos productos a Precios Cuidados, con 25 pymes y cooperativas participantes. En todos los casos, el desafío es grande. Las empresas se comprometen a ampliar los volúmenes de producción y abastecimiento, con precios que permanecen fijos y erosionan sus márgenes de rentabilidad.

A la larga, el efecto secundario de estas medidas también se refleja en un menor surtido en las góndolas: los ingresos que provenían de los artículos que ahora tienen valores congelados antes financiaban el desarrollo y la entrada al mercado de nuevas opciones, una posibilidad que queda descartada, restringiendo la fabricación a una serie de productos.

Las perspectivas para lo que resta de 2021 no son alentadoras, con una inflación acumulada del 17,6% que se aleja de la meta oficial anual del 29% y un poder adquisitivo castigado con un mercado laboral poco dinámico. Con todo, el Gobierno busca revertir la tendencia.