El Congreso de Paraguay aprobó una ley que modifica el Código Penal para endurecer las sanciones por la ocupación de tierras de propiedad privada. La medida afectaría a varias comunidades indígenas que residen en asentamientos improvisados a la espera de la restitución de sus tierras. Ahora las penas podrían aumentar hasta 10 años de prisión. Debido a esta nueva ley, en las afueras del Congreso, grupos que se oponían a la medida marcharon, quemaron autos y se enfrentaron con la Policía. Según los informes oficiales, ocho oficiales y un manifestante resultaron heridos en los enfrentamientos.

Los disturbios comenzaron cuando la cámara diputados de 80 miembros, con el voto mayoritario de 49 parlamentarios del oficialista Partido Colorado, aprobó la modificación de una ley que aumenta la pena de cuatro a seis años de cárcel para quienes ocupen ilegalmente propiedades privadas. Ahora la ley debe ser firmada por el presidente Mario Abdo Benítez para que entre en vigor.

Los grupos indígenas y campesinos han señalado que las protestas continuarán si en 48 horas la ley no es retirada o vetada por Abdo Benítez.

"El presidente de la República debe vetar la ley a favor del pueblo indígena", señalaron los manifestantes.

Por su parte, los diputados que probaron la ley, defendieron su posición.

"La ley no busca perseguir a nadie sino dar seguridad a los ciudadanos de zonas urbanas y rurales, incluso de comunidades indígenas", le dijo el senador Fidel Zavala, del Partido Patria Querida, al portal Semanario Universidad.

"Lo que se quiere es proteger la propiedad privada, para que la gente que quiera trabajar tenga la seguridad de que su propiedad no será invadida", añadió el senador Enrique Bachetta, del Partido Colorado.

Según la Federación Nacional Campesina, el problema de fondo se remonta a cuando muchos campesinos e indígenas vieron arrebatadas sus tierras que fueron luego entregadas a terratenientes o personas cercanas al gobierno militar de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989.

Un informe de la Comisión de la Verdad y Justicia, creada para investigar las violaciones ocurridas durante el régimen de Stroessner, señaló en 2006 que cerca de dos tercios de la tierra entregada durante la reforma agraria orquestada por ese gobierno se destinó a persona cercanas a las autoridades.

Desde entonces, estos grupos de campesinos e indígenas han intentado recuperar esos terrenos y una de sus estrategias ha sido la invasión y ocupación temporal.

"Nunca solucionaron el problema de las tierras y nos quieren hacer ver como criminales", le dijo a varios medios locales Derlis López, uno de los dirigentes indígenas.

Y agregó: "Vamos a venir masivamente en caso de que la ley sea promulgada, no nos vamos a callar más".