El gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones graves y sistemáticas que equivalen a crímenes de lesa humanidad, dijo el jueves un equipo de expertos en derechos humanos designado por las Naciones Unidas, que pidió sanciones internacionales contra el gobierno.

El organismo de tres personas dijo que el gobierno ha cometido y continúa cometiendo actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias desde 2018.

Nombra al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien es su esposa, como partícipes de las violaciones y pide acciones legales y sanciones internacionales contra los involucrados.

"El objetivo (del gobierno) es eliminar por diferentes medios cualquier voz opositora o disidente en el país", dijo a los periodistas Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en una sesión informativa para presentar los hallazgos, diciendo que el gobierno estaba "armando las funciones del estado contra la población".

“Esto ha provocado que la población nicaragüense viva con miedo”, dijo.

La misión diplomática de Nicaragua en Ginebra no respondió a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos del informe. El grupo de expertos dijo que envió 12 cartas al gobierno desde que comenzó a trabajar hace un año, así como el informe final, pero nunca recibió una respuesta.

Ortega, que ahora tiene 77 años, llegó al poder por primera vez como líder del movimiento guerrillero sandinista de izquierda que derrocó a la dictadura de Somoza en una revolución de la década de 1970.

Estuvo dentro y fuera del cargo a lo largo de los años, pero volvió a tomar el poder en 2007 y ha gobernado desde entonces. Los grupos de derechos humanos y la oposición política han acusado durante mucho tiempo a su gobierno de reprimir severamente las libertades cívicas y a sus oponentes para ganar las elecciones y mantener el control del país.

Las fuerzas de seguridad mataron a más de 300 personas en protestas antigubernamentales en 2018.

Consultados sobre la magnitud de los abusos, los expertos dijeron que habían documentado más de 100 casos de ejecuciones, cientos de casos de tortura y detención arbitraria, y miles de casos de persecución política.

Simon dijo que la crisis en Nicaragua corre el riesgo de empeorar y advirtió que se avecina una "crisis humanitaria".

"Estamos muy preocupados por la situación actual", dijo.

"Esperamos sinceramente que este informe pueda contribuir a prevenir una mayor espiral de violaciones y abusos sistémicos".