Madrid abrió sus puertas para que lleguen empresas de cualquier otro punto de España. Podrán hacerlo sin necesidad de tramitar nuevas licencias, gracias a la Ley de Mercado Abierto, pionera en España, que recibió sanción definitiva del Consejo de Gobierno y pasará ahora a la Asamblea para su tramitación parlamentaria.

Ayuso se burló de sus rivales políticos, cuando en su cuenta de la red social Twitter, escribió: "Mientras los Nobel de Podemos en economía deciden cómo aniquilar la empresa española, Madrid permitirá que todos los empresarios puedan prosperar sin tener que moverse de sus regiones. El Gobierno de Madrid está aquí para corregir el desastre de ejecutivo nacional".

Díaz Ayuso tenía la ley de Mercado Abierto como un punto de su programa electoral y ahora la materializa. La Presidenta de la Comunidad escribió también que: "queremos atraer empresas y autónomos a Madrid y que operen como en un único mercado, no 17. Es un compromiso con los españoles y su bienestar, con la libertad y la prosperidad de todos".

La ley permitirá la libre circulación de empresas y servicios en la región. Una vez entre en vigor, ahorrará trámites y permisos para que cualquier compañía se instale en Madrid y comience a operar. 

Para instalarse en Madrid, bastará con el permiso o licencia que ya tengan las empresas en sus lugares de origen. La intención de la norma es fomentar la inversión, la reactivación económica y la creación de empleo, aseguran en el Ejecutivo de Díaz Ayuso.

Pero no sólo cualquier empresa que opere en otra comunidad podrá instalarse en Madrid de forma automática, sino que también se aplicará esta libertad de circulación a los productos que se comercialicen en el resto de España, que tampoco necesitarán de requisitos extra para circular por Madrid.

El Gobierno regional asegura que de este modo, sigue las directrices de la Comisión Europea, que recomiendan medidas para garantizar la unidad de mercado. En la Comunidad de Madrid denuncian que se está produciendo hiperregulación y una «proliferación de normas por parte de las diferentes comunidades autónomas, que segmentan los mercados, elevan los costes de transacción, dificultan la movilidad y lastran el crecimiento económico y la generación de empleo». Por eso, la nueva norma también recoge el compromiso de suprimir regulación propia en aquellos casos en que los requisitos de acceso a la actividad sean en Madrid mayores que en otras regiones.