El gobierno escocés le ha dado a la reina acceso avanzado a al menos 67 proyectos de ley parlamentarios que se considera que afectan sus poderes públicos, propiedad privada o intereses personales bajo una costumbre heredada de Westminster.

El procedimiento de consentimiento de la reina, que los críticos han calificado de antidemocrático, ha sido utilizado repetidamente por el monarca en las últimas décadas para presionar en secreto por cambios en la legislación propuesta del Reino Unido antes de que sea aprobada por el parlamento.