La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, elevó una denuncia constitucional en contra del presidente peruano, Pedro Castillo, por liderar una supuesta organización criminal en el Ejecutivo, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión.

"Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas", señaló Benavides a través de una conferencia virtual.

En respuesta a las acusaciones, Castillo aseguró que estaba siendo víctima de una "persecución". 

“Hoy, en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una modalidad de golpe de Estado en el Perú”, comentó el presidente peruano para la prensa extranjera, "acá estoy, y si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer, y si hay que entregar la vida, lo voy a hacer".

La acusación ya se encuentra en el Congreso, sin embargo, deberá de atravesar un proceso de trámites hasta llegar a debatirse en en el pleno de este organismo. Tendrá que ser analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento que, de determinar su procedencia, pasará a la Comisión Permanente.

La denuncia no solo va para Castillo, también se dirige contra dos ex ministros del presidente: Juan Silva, al frente de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, responsable de Vivienda. Ambos han sido acusados de tráfico de influencias y se les considera parte de la supuesta organización criminal dirigida por el presidente de izquierda. 

No es su primera denuncia

Hasta el momento, Castillo, en los 15 meses que lleva en el cargo, ya tiene seis investigaciones de la Fiscalía pendientes. Cinco de ellas están a cargo de la fiscal Benavides, y se encuentran vinculadas a hechos relacionados con su Gobierno, mientras que la última está en manos del Ministerio Público de la región de La Libertad, que lo investiga por supuesto plagio en la tesis de máster que realizó junto a la primera dama, Lilia Paredes.

A lo largo de estos procesos, la fiscal general denunció una "constante y feroz obstrucción a la Justicia desplegada por la presunta organización criminal, aprovechando todo el poder que les da el estar en el Gobierno". Por su parte, el presidente peruano ha negado todas las acusaciones, afirmando ser víctima de una campaña para apartarlo del poder.