Este viernes, la jueza del distrito de EE.UU, Aileen Cannon, hizo público el inventario de allanamiento de las posesiones que tenía el expresidente Donald Trump en su casa de Mar-a-Lago, Palm Beach. Según el informe, dentro de la casa habían más de 10.000 documentos no clasificados del Estado, 43 carpetas vacías con sellos de material secreto, y 28 carpetas vacías rotuladas “Devolver al secretario de Personal” o a un edecán militar.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la documentación, que había sido encontrada junto con artículos personales del expresidente en la mansión, debía haber sido entregada a la agencia de Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos. Cabe resaltar que la misma había estado tratando de obtenerlos durante meses. 

Al momento se ha iniciado una investigación penal hacia Donald Trump respecto a la ubicación de los documentos, así como por obstrucción a la investigación. De igual manera, se está evaluando una posible violación de otra ley que penaliza la mutilación u ocultamiento de documentos de gobierno, sean secretos o no.

Por su parte, Donald Trump saltó a su defensa, solicitando un “supervisor especial” para que revise los documentos incautados. De acuerdo con sus abogados, “el Gobierno debe proporcionar al inspector especial y a Trump una copia de los materiales incautados, una copia de la orden de registro, y una copia sin editar de los materiales de la solicitud”.

Sin embargo, el Departamento de Justicia anunció que designar a un supervisor especial “es innecesario y dañaría significativamente los intereses gubernamentales importantes, incluyendo los intereses de seguridad nacional”.