El Tribunal Supremo español rechazó este martes anular el juicio que se le sigue al juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, como habían solicitado su defensa y la Fiscalía, por lo que el proceso continúa con el interrogatorio al magistrado.

Por cuatro votos a favor y tres en contra, el Supremo desestimó todas las cuestiones previas planteadas al inicio del juicio por la defensa de Garzón y la Fiscalía del propio tribunal.

Tras conocerse la decisión, el juicio se reanudó con el interrogatorio al magistrado, quien decidió no responder a las preguntas de la acusación, que ejercen conjuntamente las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, y comenzó a contestar a su defensa, ejercida por Gonzalo Martínez-Fresneda.

La Fiscalía y la defensa de Garzón plantearon al comienzo del juicio la invalidez de las acusaciones, por no cumplir con los mínimos legales, y la falta de imparcialidad del juez instructor Luciano Varela, así como también solicitaron la aplicación de la llamada “doctrina Botín”. Esta doctrina, del propio tribunal, establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta acusación alguna, y si no hay una acusación particular directamente damnificada en la causa.

Garzón, de 56 años, se enfrenta a la pena máxima de 20 años de inhabilitación prevista para el delito de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta, por haberse declarado competente en 2008 para investigar más de 100.000 desapariciones forzadas del franquismo en el marco de “crímenes de lesa humanidad”, recordó por Continental Carlos Slepoy.

En La Mañana, remarcó que "esta causa nos afecta a todos los seres humano".