El clan Marcos volvió al poder en Filipinas en compañía del clan Duterte. Tal para cual. Ferdinand Marcos, alias Bongbong, hijo y homónimo del difunto dictador pretérito, y Sara Duterte-Carpio, hija del controvertido presidente Rodrigo Duterte, aceitan la consolidación de una autocracia de mano dura y de la impunidad en un archipiélago de casi 70 millones de habitantes. Se trata de la persistencia de la política autoritaria aplicada por Duterte desde 2016 con el pretexto de la mentada guerra contra las drogas. Murieron entre 12.000 y 30.000 personas, según la Corte Penal Internacional (CPI). En ejecuciones sumarias, la mayoría.

El regreso del clan Marcos supone una reivindicación después de que el patriarca fuera expulsado en 1986 por la insurrección del Poder Popular. El régimen, de 21 años, dejó 3.257 personas ejecutadas, miles de torturados y unos 10.000 millones de dólares expoliados del erario público. En anécdota quedaron los zapatos de la primera dama, Imelda Marcos, que “no eran 3.000 pares, sino 1600”, aclaró. No tuvo suerte como candidata presidencial en dos ocasiones. Bongbong, condenado en 1999 por no pagar un enorme impuesto sobre la herencia, recoge ahora el testigo de una democracia con instituciones desmanteladas.

La violencia masiva y la represión selectiva esparcieron el condimento indispensable para sazonar una autocracia en toda regla: el miedo. Y apuntalaron una inmejorable excusa de Duterte para zafar de las causas por asesinatos masivos que cometió el llamado Escuadrón de la Muerte cuando era alcalde de Davao, paso previo a la presidencia. Su hija, alcaldesa de esa ciudad, pasa a ser como vicepresidenta el escudo infalible para neutralizar las denuncias por crímenes de lesa humanidad en la CPI y en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Bongbong, exdiputado, senador y vicegobernador de Ilocos Norte, el feudo familiar, se frota las manos.

Los clanes Marcos y Duterte reciben un país descalabrado con expansión económica en 2021 y una crisis educativa en alza.

Jamás reconoció las atrocidades cometidas por su padre, así como Sara, abogada y oficial de la reserva del ejército, tampoco admite las acusaciones contra el suyo por su brutal campaña contra el tráfico y el consumo de drogas. Todo aquel que se resistió terminó mal. La senadora opositora Leila de Lima quiso investigar los asesinatos sumarios. Pasó en prisión los seis años de su mandato. Duterte, aupado por el expresidente norteamericano Donald Trump en virtud de su semejanza ideológica, destituyó a la presidenta de la Corte Suprema, María Lourdes Sereno, y aprovechó la temporada de jubilaciones para nombrar jueces afines.

El alineamiento con Trump chocó con la tensión en la relación con la Unión Europea por el deterioro de la situación de los derechos humanos, pero no le impidió estrechar lazos con China a pesar de la guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos. Entre leyes marciales por un atentado atribuido al Daesh, ISIS o Estado Islámico y de emergencia por la pandemia, Duterte desplegó al ejército contra presuntos focos de rebelión armada comunista. De activistas civiles insurgentes, en realidad, amparados por medios de comunicación independientes que también pagaron con creces la osadía de reflejar la realidad. El miedo ganó la calle.

La apertura hacia China fomentó las inversiones de ese origen en desmedro de la disputa sobre el mar de China Meridional, desalentando los reclamos de otros países, como Vietnam y Malasia. Todo queda en familia. Los clanes Marcos y Duterte reciben un país descalabrado con expansión económica en 2021 y una crisis educativa en alza. Cuanta más ignorancia, mayores son los beneficios para una autocracia. Depositaria en Filipinas de una nostalgia represiva asociada con una idea falsa. La de la estabilidad y la seguridad mientras campea el miedo.