“Alrededor del 13, 14 o 15 de octubre” se tendrá que decidir, aseguró el portavoz del gobierno regional, Francesc Homs, al responder qué pasará si la Justicia española mantiene su veto a la consulta días antes de la fecha fijada para su celebración.

A poco más de un mes de la fecha señalada y en plena pulseada con el Ejecutivo central de Mariano Rajoy, que se opone al referéndum por inconstitucional, el reconocimiento del gobierno catalán de un margen para decidir desconcertó a los principales socios del proceso soberanista, los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

“El gobierno (catalán) nos ha descolocado al ponerle una posible fecha de defunción a la consulta”, dijo la diputada de ERC , Anna Simó, en referencia a la reunión que mantuvo Mas con los partidos pro-consulta, con la intensión de diseñar una estrategia común.

“El viernes se acordaron todas las garantías democráticas para llevar a cabo la consulta”, afirmó Simó, quien dijo sentirse “sorprendida” por la palabras de Homs.

Sin embargo, en aquel encuentro, los partidos soberanistas catalanes sólo se pusieron de acuerdo en que ratificaban la fecha de la consulta y en pedir “celeridad” al Constitucional para resolver las alegaciones presentadas ante la suspensión del referéndum.
Desde que el alto tribunal suspendió el referéndum y la ley de consultas catalana utilizada para dar cobertura legal a la convocatoria, los ciudadanos de Cataluña y España se preguntan hasta dónde llegará el desafío soberanista.

Hasta ahora el gobierno catalán se había limitado a insistir en que el referéndum se celebrará el 9 de noviembre, pero sin explicar cómo se llevará a cabo en caso de que llegada la fecha señalada la cita continúe suspendida.

En respuesta a la suspensión, el presidente catalán, Artur Mas, expresó su voluntad de celebrar el referéndum pero paralizó la campaña institucional para no cometer una ilegalidad.

No obstante, firmó un decreto que ratificó a los miembros de la comisión de control (electoral) del referéndum, decisión que desarrolla la ley de consultas suspendida y violaría el dictamen del Constitucional.

Ante esta actuación, la Abogacía del Estado solicitó hoy la impugnación de ese decreto, cuya vigencia Mas igualmente había dejado sujeta a las "circunstancias", lo que se entendía como un recurso para no violar la ley.

Por otro lado, también dimitió uno de los siete miembros de la citada comisión de control, por considerar que no había unas “mínimas garantías de neutralidad democrática”.

La decisión de Quim Brugué, designado en representación de los ecosocialistas de ICV (Iniciativa per Catalunya Verds), puso de manifiesto las dificultades y la tensión que existe dentro del proceso soberanista.

La gran incógnita sigue siendo si Mas sacará o no las urnas a la calle para cumplir su promesa, con el riesgo de cometer un acto de desacato, ya que la suspensión del Tribunal tiene una vigencia de cinco meses y no es muy probable que se levante.

En ese sentido, Homs aseguró - en declaraciones a la radio RAC- que se mantiene la voluntad de celebrar la consulta pero reconoció que “hay obstáculos”.

El funcionario explicó que se está progresando en la configuración de un “registro de votantes”, pero a medida que avancen los plazos, “habrá que tomar una decisión”, y no puede ser el 7 u 8 de noviembre”, remarcó.