La justicia brasileña ha dictaminado que las mineras Vale, Samarco y BHP deberán pagar alrededor de 9.560 millones de dólares por los daños ocasionados por el colapso de una represa en la localidad de Mariana, en 2015. Esta tragedia resultó en la muerte de 19 personas y causó una devastación ambiental significativa.

La sentencia establece que las empresas mencionadas deberán pagar una indemnización por daños morales colectivos, en reconocimiento a la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas. El monto de la indemnización asciende a 47.600 millones de reales, que serán administrados por el gobierno brasileño y destinados a proyectos e iniciativas en las áreas perjudicadas.

El fallo también reconoce el impacto negativo en las comunidades, tanto en términos de vivienda, trabajo y relaciones personales, como en la degradación ambiental. No obstante, se rechazó un pedido de indemnización por daños individuales, aunque se dejó abierta la posibilidad de una nueva solicitud que cumpla con los requisitos legales.

Cabe mencionar que la justicia británica ha postergado hasta octubre de 2024 el examen de una demanda colectiva vinculada al desastre de Mariana, en la que se reclaman indemnizaciones a la empresa BHP. Este colapso de la represa de Samarco, propiedad de BHP y Vale, resultó en la liberación de residuos minerales altamente contaminantes, afectando gravemente el medio ambiente y causando la muerte de 19 personas.

Es importante recordar que este fallo se produce en el quinto aniversario del desastre de Brumadinho, otra tragedia minera ocurrida en 2019 en la que murieron al menos 270 personas. En este caso, la empresa Vale acordó pagar una suma significativa en daños, incluyendo tareas de limpieza ambiental, y enfrenta un proceso judicial junto con la firma de consultoría alemana Tuv Sud, que auditó la seguridad de la presa.

Estos eventos ponen de manifiesto la importancia de la responsabilidad corporativa y la necesidad de que las empresas asuman las consecuencias de sus acciones, especialmente en lo que respecta a la protección del medio ambiente y los derechos humanos.