El gobierno alemán aprobó hoy la posibilidad legal de retirar el documento de identidad de forma preventiva a presuntos musulmanes radicalizados para evitar que viajen a Siria e Irak a combatir con el Estado Islámico (EI), una semana después de los atentados islamistas en Francia contra la revista Charlie Hebdo.

La aprobación de la iniciativa llega en momentos en que el gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, intenta hacer equilibrio entre la necesidad de enfrentar la amenaza islamista y la de contener a un creciente movimiento islamófobo, llamado Pegida, que también ha desatado alarma en el país.

Ayer, líderes políticos y religiosos alemanes hicieron un llamado conjunto a la tolerancia y la unidad durante un acto en Berlín que reunió a unas 10.000 personas, un día después de que Pegida, que cada lunes lidera en la ciudad de Dresde grandes marchas xenófobas, batió su propio récord al sacar a 25.000 personas a la calle.

Hoy, el Consejo de Ministros dio luz verde a un proyecto de ley del departamento de Interior que contempla "denegar y retirar" por hasta tres años el documento de identidad a personas que pretendan trasladarse a regiones en conflicto y sobre las que haya indicios de pertenencia o simpatía por asociaciones terroristas.

El ministro del Interior, Thomas de Maizière, explicó en una comparecencia urgente ante el Bundestag (cámara baja) que la medida no es la panacea contra el terrorismo, pero que contribuirá a reducir sensiblemente el número de islamistas germanos que viajan a regiones en conflicto.

"Nunca he dicho ni diré que esta ley vaya a acabar con el terrorismo en Alemania. Pero creo que es un fundamento efectivo", aseguró.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Seibert, indicó que el objetivo es evitar que estos radicalizados "participen en acciones de combate", como se sospecha que han hecho muchos de los 600 alemanes que en los últimos dos años han partido rumbo a Siria.

Berlín teme, asimismo, que estos islamistas, radicalizados y con entrenamiento militar, puedan regresar posteriormente a Alemania y cometer atentados, como fue el caso de al menos dos de los asesinos de París, uno de los cuales se declaró leal al EI.

El Ejecutivo alemán considera en un comunicado que la reforma de la Ley del Documento de Identidad, incluida en un proyecto de ley que deberá pasar ahora al Bundestag, es "un importante instrumento del Estado de derecho en la lucha contra la radicalización".

Berlín opina que "deben evitarse de forma eficaz y sostenible los viajes de personas que ponen en peligro la seguridad interior y exterior de Alemania".

Esta reforma complementa la retirada del pasaporte que ya contempla la legislación alemana y cierra lo que el ministro de Interior tildó recientemente de "laguna" legal.

Con esta denominación se refería al hecho de que la mera anulación del pasaporte seguía permitiendo a los islamistas alemanes llegar a Siria e Irak a través de terceros países, ya fuesen miembros del espacio de la Europa sin fronteras Schengen o de Turquía, adonde los europeos pueden viajar sólo con el documento.

La iniciativa, que atiende a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instando a todos los Estados a tratar de evitar los movimientos de extremistas y grupos "terroristas", sienta la base legal para la denegación y la retirada del documento de identidad e introduce un sustituto parcial que impide salir de Alemania.

La oposición, integrada por La izquierda y Los Verdes, y varios expertos en terrorismo han puesto en duda la efectividad de la reforma, así como su legalidad por la potencial estigmatización de los afectados y por abrir una vía administrativa -y por tanto discrecional, argumentan- prescindiendo de una orden judicial.

En medio de la alarma creada por Pegida, que ha sido fuertemente criticado por Merkel, el portavoz del Ministerio de Interior, Johannes Dimroth, subrayó hoy que la reforma no está específicamente dirigida a los musulmanes, sino que, como todos los textos legales en Alemania, es "general" y "abstracta".

En este contexto, evitó responder a un periodista que le preguntó si se le retiraría también el carné a un miembro del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado por la UE una organización terrorista, que tratase de viajar a Siria para unirse a los "pershmergas", las fuerzas de combate kurdas a las que ha armado Alemania, para luchar contra el EI.

Las autoridades alemanas estiman que desde 2012 alrededor de 600 islamistas han abandonado el país rumbo a Siria, de los que entre 150 y 180 han regresado (y al menos 30 se tiene la certeza de que han entrado en combate).

La UE calcula que más de 3.000 de los cerca de 10.000 combatientes extranjeros que luchan en Siria e Irak proceden de Europa.
De estos, la mayoría son oriundos de países árabes, aunque residían principalmente en Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Suecia y los Balcanes occidentales.