La reforma del sistema de pensiones de Nicaragua, decretada por el 16 de abril por el presidente Daniel Ortega y publicada dos días después en el diario oficial La Gaceta desató la ira. En particular, la de los estudiantes, puntales de las protestas que, con el correr de los días y de los muertos, contaron con un apoyo inesperado. El de los empresarios, aupados desde 2007 por el gobierno que Ortega comparte con su mujer, Rosario Murillo, vicepresidenta, primera dama y vocera. El decreto en cuestión habilitaba al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a aumentar los aportes patronales y de los trabajadores y a reducir los ingresos de los jubilados.