En un documento de 48 páginas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se mostró preocupado por "el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar".

El gobierno de Iván Duque reaccionó poco después cuestionando el mandato de la comisión y el método de contraste y adquisición de fuentes del informe. "Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad", señaló Duque a medios locales.

Una de las aseveraciones más polémicas del informe es que los bloqueos de vías, si bien afectan a la población, son mecanismos de protesta legítimos consagrados por un derecho constitucional. Asimismo, la CIDH le hizo varias recomendaciones al Estado colombiano que fueron cuestionadas por el oficialismo, entre ellas separar a la Policía del Ministerio de Defensa, limitar las sanciones de funcionarios elegidos por voto popular y prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar del orden público.

Los críticos del presidente Iván Duque dicen que algunas de sus reformas a la policía son "cosméticas". El organismo de la OEA también manifestó preocupación por la falta de claridad que hay en las cifras de muertos, heridos y desaparecidos por la violencia durante las protestas. Aunque la Fiscalía documenta 21 muertes en protestas, organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 70.