Era un viejo reclamo de los medios de comunicación. Según la ley, durante los períodos de capaña electoral, los medios audiovisuales debían ceder al Estado el 5% de su programación para anuncios de campaña de las agrupaciones políticas. Si bien la norma establecía una compensación por parte del Estado, en los 10 años de vigencia del sistema, la mayoría nunca la recibió.