La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim) han expresado su preocupación por la situación crítica que enfrentan los prestadores de salud en Argentina. Esta preocupación surge de la disparidad entre los ingresos y los costos, así como del riesgo de quiebra que enfrentan muchos de estos establecimientos, especialmente en medio de la disputa entre el gobierno y las empresas de medicina prepaga.

Según Jorge Cherro, presidente de Adecra, alrededor de 1.670 centros de atención corren el riesgo de quiebra, y la AFIP tiene una lista de 5.000 centros que podrían ser embargados a partir del 31 de junio, tras la finalización de la Emergencia Sanitaria que otorgaba medidas de alivio fiscal desde 2002.

La brecha entre los ingresos y los costos en el sector de la salud privada se ha acentuado, con aumentos promedio en los costos de atención médica del 2557% desde enero de 2020 hasta abril de 2024, mientras que la inflación fue del 1805% en el mismo período. Factores como los aranceles insuficientes, la inflación en insumos y medicamentos, los retrasos en los pagos y los acuerdos salariales que no se ajustan a la realidad económica contribuyen a esta crisis.

La tensión entre las prepagas y los prestadores de salud se ha incrementado debido a los desacuerdos sobre los aumentos en las cuotas, lo que ha llevado a intervenciones del gobierno para regular los incrementos en base a la inflación. Esta situación se agrava aún más con los aumentos dispares en los costos de los servicios y la falta de actualización de los pagos por parte de las empresas de medicina prepaga y del PAMI.

En este contexto, se plantea la necesidad de reformas estructurales en el sector de la salud privada, que incluyan medidas de alivio fiscal, incentivos al empleo, renovación de la Emergencia Sanitaria, facilidades de pago, revisión del Programa Médico Obligatorio (PMO) y la armonización del sistema de salud en su conjunto. Estas reformas son consideradas como fundamentales para garantizar la sostenibilidad y la calidad en la prestación de servicios de salud en Argentina.