Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación y modernización de una refinería de YPF, en el que habló del combustible y también dedicó parte de su discurso a las diferencias que mantiene con sectores de prensa.

La presidenta advirtió que los combustibles deberán tener “precios igualitarios” y que estarán auditados por la comisión que encabeza el secretario de Programación Económica, Axel Kicillof, creada a partir del decreto 1277.

A su vez, anunció un aumento de 300 por ciento en el precio del gas en boca de pozo para las empresas, con lo cual el metro cúbico pasará de 0,15 a 0,60 pesos, pero sostuvo que el incremento no llegará en forma plena a los consumidores.

Asimismo, alertó que esto “no es un regalo” sino que se concederá a cambio de planes de inversión.

“Los precios van a tener que ser igualitarios para igual calidad de productos para todos”, señaló la mandataria en referencia al precio de las naftas.

En ese sentido, enfatizó que: “Así como tomamos decisiones de este estilo también podemos tomar de las otras si no nos cumplen”.

Precisó que el aumento le reportará a las compañías “una rentabilidad adicional de 998 millones de pesos y a las provincias ingresos adicionales por 119 millones”.

La nueva planta de YPF en Ensenada permitirá un aumento de 13 por ciento en la producción de naftas y sustituirá importaciones por unos 180 millones de dólares.

La presidenta anunció además la instalación de 18 módulos de abastecimiento social que utilizan energía solar y que serán levantados en sectores del país alejados de surtidores convencionales.

En ese marco, la jefa de Estado defendió la creación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrcarburífera (CPCE), que regulará el sector energético, y negó diferencias con el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y con los gobernadores de las provincias productoras de petróleo, y denunció una “operación política y mediática” para afectar la imagen de la compañías reestatizada.

“Que nadie los engañe, que nadie los asuste. Tengan la certeza que esta presidenta no va a tomar medidas que afecten el interés del pueblo argentino”, dijo Cristina Fernández, en alusión a comentarios sobre un presunto inconformismo de Galuccio y de los gobernadores petroleros por el decreto 1277.

“A las provincias les interesa tener el diferencial competitivo en el precio de la energía, no acoplado a los precios externos”, y esto “nos permite ser una economía mas competitiva”, explicó la Jefa de Estado.

Allí, la jefa de Estado justificó el uso de la Cadena Nacional, a la que recurrió trece veces desde el comienzo de su segundo mandato, en diciembre último.

“La Cadena Nacional es la obligación de informar, yo no estoy contando la vida privada de nadie, estoy informando de actos de gobierno”, explicó.

“Si no lo hiciéramos” de esa manera, agregó, “nadie se enteraría” de las medidas que toma el Ejecutivo.

“Como no podemos estar haciendo Cadena Nacional todos los días, las reservamos para las cosas que no pueden” ser desconocidas por la gente, añadió.

En ese contexto, Cristina Fernández reclamó “una ley de ética pública para ese cuarto poder”, como calificó a los periodistas, con el fin de que se “diga de qué empresas reciben dinero y quién les paga para que lo sepamos”, al momento de leer.

Asimismo acusó a medios de intentar “limar” en los últimos tiempos la imagen de las autoridades de YPF.

“Necesitamos una ley de ética pública porque la información hoy tal vez sea lo más importante porque la leen millones de personas y a partir de eso toman decisiones”, reclamó.