Cevasco requirió que se inicien acciones penales contra los integrantes de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subterráneo y Premetro, "atento a su falta de personería gremial frente al tenor del reclamo, la apertura de negociaciones paritarias, situación que la excluye como parte legitimada del ámbito legal de negociación al respecto".

El fiscal pidió la aplicación del artículo 69 del Código Contravencional porteño, el cual prevé multas de hasta 5 mil pesos o arresto de hasta diez días a "quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos".

Además el artículo 194 del Código Penal, que establece prisión de tres meses a dos años al que "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

Cevasco advirtió sobre la "provocación del cese total del servicio público de transportes por el medio subterráneo, que por su repercusión deviene, en principio, esencial".

"Requiérase por Secretaría un informe de los medios de prensa a fin de verificar las manifestaciones de los responsables de la medida de fuerza acerca del tenor del reclamo que motivó el paro en el servicio de subterráneos", dice el dictamen