El ministro de Justicia, Martín Soria, mantuvo este martes una reunión con los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El encuentro fue corto, y pese a que el representante del Poder Ejecutivo fue con la misión de reconstruir el diálogo institucional, a la salida lanzó todo tipo de críticas al Poder Judicial. 

"Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces", dijo Soria.

Además, criticó los procedimientos de la Corte que en su opinión la hacen poco eficiente: "“La propia Corte tiene una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad. Necesitamos una justicia ágil, que trabaje de cara a la gente. Una justicia que se ocupe de los problemas que les preocupan a todos los argentinos”.

Todo eso fue manifestado ante los requerimientos de la prensa a la salida del encuentro en el Palacio de Justicia. Pero, unos minutos más tarde, surgió un comunicado oficial del Gobierno, aún más crítico: "El ministro Soria recordó que durante el gobierno de Macri se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia. Todo ello, con el objetivo de llevar a cabo una persecución de dirigentes políticos sin precedentes".

Lejos de bajar el tenor de la puja, el ministro marcó aún más diferencias con el Poder Judicial. "No podemos permanecer callados ante lo sucedido. La Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso Blaquier o como hace ahora con el caso Maldonado. Mientras tanto, resuelve en tiempo récord fallos que sólo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi. La Corte tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para resolver, más aún cuando esta Corte resuelve más del 70% de los casos sin dar fundamentos", concluyó Soria.