Nicolás Del Caño es diputado nacional y representa el sector de la iquierda argentina con mayor presencia electoral. Dialogó de todo, mano a mano con Continentalweb.

¿Cómo analiza las medidas del gobierno nacional de nuevos cierres, viviremos otro 2020? Considera que hay otras intenciones en nuevas cuarentenas?

La segunda ola de la pandemia en la Argentina ya es un hecho, se registra un crecimiento de casos, en especial en el AMBA. La campaña de vacunación está demorada, las vacunas no se entregan a tiempo y los países ricos acaparan millones de dosis.

Los anuncios del gobierno y la disputa entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires tapan y esquivan el debate más importante: hay que destinar más recursos del presupuesto para enfrentar la segunda ola y tomar medidas para terminar con la irracionalidad del negocio de las vacunas.

Hay datos que no se pueden desconocer: la caída del presupuesto de salud para este año será de un 11,8% en términos reales. Si la inflación supera el 40% el tijeretazo será mayor.

El año pasado cuando trajeron el Presupuesto a discutir en el Congreso lo justificaban diciendo que en 2021 no habría pandemia, como si mágicamente el 1 de enero se terminara el Covid 19, y cuando ya se sabía de segundas olas en diversos países del mundo. Los miles de muertos y contagios que estamos viviendo este año no los hizo cambiar de idea.

El sistema de salud y sus trabajadores y trabajadoras necesitan recursos y no discursos. Muchos cobran básicos de 9 mil pesos, pero la prioridad del gobierno sigue siendo pagar los vencimientos e intereses de deuda y acomodarse a lo que quiere el FMI. Nuestro planteo incluye también liberar las patentes y los derechos de propiedad que rigen sobre las vacunas, porque es la única medida de fondo para que las mayorías en el mundo accedan a la única vía de mitigar los efectos letales de esta pandemia: la vacunación a gran escala.

Desde el Frente de Izquierda hemos presentado proyectos tanto por la liberación de las patentes como así también para declarar de utilidad pública el laboratorio de Garín de Hugo Sigman y que el principio activo de la vacuna de AstraZeneca que allí se fabrica se envase en el país. No puede ser que ya se hayan exportado desde Argentina el equivalente a 40 millones de dosis de la vacuna y no haya llegado una sola al país. Consideramos que estamos frente a una descomunal estafa criminal y el gobierno no mueve un dedo cuando ya se pagó el 60% de 22 millones de dosis y a la Argentina no llegó ninguna.

Lo más increíble es que esas vacunas se producen a 30 kilómetros de la Casa Rosada, y sabemos que se pueden envasar en la Argentina. Además a Sigman y al gobierno se les cayó la mentira de que el fraccionamiento y envasado de la vacuna no podían hacerse en el país, ya que eso es lo que va hacer el laboratorio Richmond con la Sputnik V. Por eso estamos exigiendo que se apruebe nuestro proyecto para declarar de utilidad pública a ese laboratorio y que se pongan todos los recursos del Estado y privados al servicio de tener esas vacunas disponibles para Argentina y los países vecinos que lo necesiten.

Hay capacidad para hacerlo, junto con el uso de toda la capacidad técnica-científica del país y la inversión que sea necesaria en los laboratorios públicos, para poder acceder de manera masiva a la vacuna, privilegiando la salud pública y no los negocios de los amigos del poder de turno. Varias de estas medidas se las planteamos al Presidente el 17 de marzo del año pasado, antes del primer ASPO, cuando recibió a los presidentes de bloques del Congreso. Pero no nos escucharon y hoy estamos pagando las consecuencias.

¿Falta una propuesta económica para varios sectores muy perjudicados por estas cuarentenas?

Los índices de pobreza avanzan y la inflación es cada vez mayor, qué medidas urgen para ayudar a la población? No alcanza la apelación a la responsabilidad individual y el quedate en casa cuando vemos todos los días el transporte público estallado, y muchas escuelas y lugares de trabajo sin condiciones sanitarias.

Se discute mucho para la tribuna, pero lo importante es reconocer que se requieren medidas urgentes y ayuda social en serio: destinar los recursos que se necesitan y dejar de pagar la deuda fraudulenta con el FMI. Como señalamos, bajo la falsa premisa de que la pandemia terminaba en 2021 tenemos un presupuesto vigente que recortó los fondos para salud en más de un 10% y que eliminó el IFE.

¿Van a mantener un presupuesto que no contempla recursos esenciales para combatir el Covid? Creemos que son necesarias medidas urgentes como un IFE actualizado de $ 40.000 para todos los que perdieron su empleo y para trabajadores informales, volver a prohibir los desalojos y congelar los alquileres, así como compensar a los pequeños comerciantes que se han perjudicado con las nuevas medidas.

También es urgente centralizar el sistema de salud y aumentar el presupuesto para el personal que da pelea en la primera línea con salarios miserables, pluriempleo y precarización. Son medidas elementales que tienen que acompañar las restricciones de las actividades que reduzcan la circulación.

Juntos por el Cambio rechaza las restricciones y hace demagogia hablando del “derecho al trabajo y a la educación”. Sin embargo, durante el macrismo hubo destrucción de empleo y recortes a los presupuestos de educación, y la pobreza aumentó al 35,5 % en 2019. Ni el macrismo ni el oficialismo hablan de la necesidad de un Ingreso Familiar de Emergencia, o de aumentar los salarios y jubilaciones, o que se cumpla la prohibición de despidos, por mencionar algunas medidas indispensables ante la suba de la pobreza.

Es falso que no hay recursos. Por ejemplo, de lo recaudado en la contribución extraordinaria a las grandes fortunas el 25% destinado a financiar el fracking debería direccionarse a cubrir un nuevo IFE. Las patronales agrarias no dejaron de facturar nunca en toda la pandemia y los precios de las exportaciones se multiplicaron desde marzo del año pasado. ¿Por qué en medio de una emergencia como la que estamos viviendo esa rentabilidad extraordinaria no debería servir para sostener a quienes perdieron todo?

¿La sociedad está en un punto de saturación con el tema vacunas vip y un gobierno cerrado al diálogo. Qué pasos deben seguir tanto el oficialismo como la oposición para que el descontento no avance y la rebeldía que ya se ve no sea un grave problema a futuro?

Como dijimos, nos parece que el costo de orientar toda la economía en función de la renegociación y de garantizar los pagos de deuda (no solo con organismos internacionales, sino con los Fondos de Inversión como el año pasado), lo sufren las y los trabajadores con más pobreza.

Por eso el Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza política nacional que repudia el pacto con el FMI y lucha por el desconocimiento soberano de la fraudulenta deuda externa, como parte de un plan integral para que la crisis la paguen los que la provocaron, los banqueros, los grandes empresarios y terratenientes.

Ante este verdadero régimen del FMI y sus consecuencias surgen luchas de distintos sectores de trabajadores que como los de la salud de Neuquén que hace casi 50 días vienen peleando por un aumento salarial que no sea la miseria que ofrece el Gobierno de Gutierrez, o como los trabajadores portuarios de la Terminal 5 de Buenos Aires que vienen luchando contra la precarización, al igual que distintas luchas de tercerizados que pelean por el pase a planta en empresas ferroviarias, eléctricas y aeronáuticas; la docencia que se está levantando contra el intento de los distintos gobiernos de dar clases sin condiciones sanitarias; el personal de salud que viene dando peleas impactantes como en Neuquén pero también con conflictos en hospitales y clínicas de la zona metropolitana; quienes luchan por salario en empresas privadas y el Estado; las gestiones obreras como MadyGraf,Gotán y Zanon; las familias de Guernica y otras tomas como la de Rafael Castillo que pelean por techo y vivienda, junto con distintas organizaciones de desocupados, entre otros sectores. O también los vitivinícolas en Mendoza o los cosecheros del citrus en Tucumán.

Nos parece importante destacar y acompañar estas y otras luchas, en momentos en los que están descargando la crisis sobre las mayorías, con 42 % de pobreza, precarización y una inflación que golpea sobre los salarios, jubilaciones y planes sociales. Párrafo aparte merecen las conducciones de las centrales sindicales que ya no sólo están en tregua sino en una abierta complicidad con el Gobierno y las patronales que le pasan la factura de la pandemia a los sectores populares.

Estas conducciones junto al gobierno y las patronales son responsables de haber firmado un miserable 28% de aumento del salario mínimo en 2020 cuando la inflación llegó a casi el 37%. 4. Tendremos un Congreso trabajando a medias este año? El problema desde nuestro punto de vista es con qué agenda tiene que funcionar el Congreso.

Porque ante una situación de crisis social y sanitaria inédita como la que estamos hay que poner en discusión medidas y proyectos que ataquen los verdaderos problemas que atraviesan los sectores populares y que sean soluciones de fondo ante el agravamiento de la cuestión sanitaria, algunos como los que ya señalamos.