El gobernador cordobés, José Manuel De la Sota, instó esta mañana a los policías acuartelados de su provincia a suspender la medida de fuerza en reclamo de subas salariales y se quejó porque "llamamos a todos los miembros del Gabinete" para pedir ayuda a la Nación pero "respuesta no hemos tenido". "No se puede dejar en manos de delincuentes la ciudad", advirtió De la Sota, aunque reconoció que los pedidos de mejoras salariales pueden "ser justos" pero "los servicios públicos no pueden interrumpirse".

En declaraciones por Radio Continental, el mandatario dijo que "es lamentable porque los saqueos se evitaban con la presencia de la Gendarmería", pero denunció que "intentamos por todos los medios, hemos llamado a todos los miembros del Gabinete para tratar de obtener una respuesta que no hemos tenido".

"Todo esto se hubiera evitado teniendo a la Gendarmería a 50 kilómetros como la tenemos en Jesús María, si nos hubieran atendido anoche. Buena parte de lo que ocurrió se hubiera evitado o minimizado", aseveró. El mandatario resaltó que "esta madrugada puse un twitter dirigido a la cuenta de la Presidenta (Cristina Fernández) reiterándole el pedido que estos saqueos ameritaban la presencia de la gendarmería. Lamentablemente no hemos tenido respuesta".

También distribuyó a la prensa una carta que le envió al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, detallando a qué funcionario llamó teléfonicamente y a qué hora, sin recibir respuestas. "Es lamentable, pudimos haber evitado muchas cosas", continuó.

Subrayó que, horas antes de que estallara el conflicto, le habían comunicado desde la Casa Rosada que sería recibido por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, "el próximo martes, a las 9 de la mañana", pero cuestionó que por "una emergencia que surgió ayer a la tarde, todas las comunicaciones cursadas lamentablemente no fueron atendidas". Precisó que hay "56 detenidos hasta el momento" y que los saqueos no se produjeron por "una demanda social. No es que la gente salga a robar porque no tiene para comer. Estamos, gracias a Dios, lejos de eso".

"Ha habido bandas articuladas, han salido a robar determinados negocios", indicó, y consideró que los incidentes pudieron ser producto de que "cerramos 140 casas de alterne. Sabíamos que esto, que es un negocio terrible, horroroso, está vinculado al narcotráfico y nos iba a acarrear problemas tarde o temprano. Sabíamos que iba a tener una repercusión, pero no pensamos que fuera tan violenta", advirtió.

Se preguntó si "los servicios públicos básicos -la salud, el transporte, la educación, la seguridad-, pueden tener derecho de huelga irrestricto como cualquier otra actividad, o es necesario entender que no se puede dejar una ciudad abandonada en mano de los delincuentes, por más reclamo que uno pueda hacer. Hay que buscar mecanismos amigables de reclamo sin desproteger a la comunidad. Los servicios públicos no pueden interrumpirse por más justicia que haya en el reclamo", manifestó.

Precisó que "Córdoba dio un 27 por ciento de aumento a los empleados públicos en febrero. Tenemos un acuerdo firmado hasta febrero, es el aumento más alto que se ha dado en el país", y que el salario inicial de bolsillo para un policía soltero que ingresa a la fuerza es de "seis mil pesos".