Continental Web dialogó con Juan Carlos Basílico, tesorero de FEC y Presidente de UENYA quien sostuvo que "La pandemia sigue haciendo estragos en el sector de ventas de combustibles minoristas, que debe cumplir con su obligación del decreto presidencial de prestar servicio . En este marco, los propietarios de los establecimientos de combustibles deben mantener los negocios abiertos y contener con el pago de sus sueldos al personal ocioso que no puede ser despedido por orden del poder ejecutivo, lo mismo que aquellos que están aislados y licenciados por los protocolos del covid".

"Estamos trabajando intensivamente junto al Secretario General de la CGT y titular del Soesgype, Carlos Acuña, para lograr como se hiciera en el 2020, que el Gobierno Nacional, incluya a las estaciones de servicio en el Programa de Ayuda para la producción. Si el Estado no accede a implementar una ayuda para pagar los haberes de las características del año pasado, tampoco se podrá cumplir con el pago de estos incrementos" explicaba Basílico.

“Sin ATP no solamente estaremos imposibilitados de pagar la nueva escala salarial, sino que habrá numerosos colegas que deberán presentar la convocatoria de acreedores y la quiebra".

El tesorero de FEC y Presidente de UENYA recordaba a Continental Web que los Ministerios de trabajo y producción lanzaron el REPRO II para otorgar 22 mil pesos para los trabajadores como ayuda de pago de sueldos, pero las estaciones de servicio no reúnen en su gran mayoría los requisitos solicitados por el Estado ya que la resolución exige que, para tener dicho subsidio, es preciso haber facturado por lo menos un 20% menos que el año pasado, hecho que matemáticamente es imposible teniendo en cuenta que el combustible subió su precio en 45% total.

“El costo de sostenimiento de nuestros comercios está indexado por la inflación, pero no pudimos recuperar las ventas a niveles de pre pandemia, con el agravante que en este nuevo período de cierre completo de actividades, tenemos asociados que no alcanzaron a expender 500 litro en un día”, finalizó Basílico.

La FEC gestiona ante la AFIP, una postergación de 90 días en el pago de impuestos nacionales y lo mismo con ARBA, para los tributos provinciales y municipales con cada intendencia respectiva.

María Esther Alvarez