El equipo económico de la presidente Cristina Kirchner estudia distintas alternativas para cumplir con el cien por cien de los acreedores y además cancelar el total de la deuda que reclaman judicialmente aquellos que no adhirieron a los canjes de deuda planteados en 2005 y 2010. El Gobierno contemplaría poder realizar a estos últimos un pago inicial, a cuenta del total, de entre u$s300 millones y u$s400 millones, para mostrar la voluntad de cumplimiento, y luego negociar el resto con emisiones de bonos de vencimientos escalonados en años.

La cantidad inicial sería la misma que se les paga con una quita del 65% a los acreedores que sí entraron en la reestructuración de la deuda, para de esa manera evitar la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que da a esos bonistas el derecho a beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en el canje que vence en diciembre de 2014. Por eso, el Gobierno tratará esta semana de alargar la negociación con acreedores y con el juez neoyorquino Thomas Griesa, que falló a favor de ellos, y que exige que la Argentina cumpla con la totalidad de los pagos que se le reclaman.

Si el Ejecutivo lograra estirar la negociación hasta diciembre, en enero de 2015 oficializaría un plan de pagos con bonos a largo plazo, basado en el mismo modelo del acuerdo alcanzado con la petrolera española Repsol o, recientemente, con el Club de París, según señalan expertos en economía. En su estrategia de forzar una negociación, la Argentina utilizó ayer un espacio pago en el diario The Wall Street Journal para explicar, bajo el título "Argentina quiere seguir pagando sus deudas pero no la dejan", la postura de las autoridades argentinas respecto a la sentencia del juez Griesa.

Un día antes, Cristina Kirchner había dado un giro a su discurso inicial en el que aseguró que la Argentina no aceptaría "extorsiones". Tras varios días de incertidumbre económica, la Presidente relajó su tono, reafirmó la voluntad del Gobierno de pagar a todos los acreedores y pidió que se garantizaran "las condiciones necesarias" para poder negociar "justa y equitativamente".

El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que propondría un canje de los bonos amparados por la legislación de los EEUU en manos de acreedores que aceptaron reestructurar, por otros nuevos pero bajo legislación argentina, un planteamiento que Griesa descartó inmediatamente por considerar que "violaría los fallos de la Justicia".