Es claro que el año electoral no juega a favor. El presidente Alberto Fernández, todavía bajo los efectos del Covid, esperaba que los gobernadores aplicarán medidas restrictivas en cada una de sus provincias para evitar la propagación.

Tenía una lógica geográfica-epidemiológica: cada uno sabe como esta su territorio y hasta donde debe llegar en cada caso, especialmente en cuanto a la restricción de la circulación y el cierre de comercios.

Pero también una lógica política: no quiere cargarse el gobierno nacional, el costo político de todas las medidas impopulares justo en el año electoral. Con lo que no contó el gobierno es con que en las provincias también hay elecciones y tampoco los caciques locales quieren pagar costos.

En definitiva, dicen algunos mandatarios provinciales: "el que hastió a la gente el año pasado con el cierre eterno fue Alberto, ahora cualquier cierre es un costo enorme, que corra por su cuenta".

En la Rosada la visión es inversa: "nos han hecho cargar todo el costo político a nosotros desde que esto empezó, y ahora nos dejan solos", explican.

En definitiva, alguien va a tener que resolver hacia donde se sigue, y las voces mayoritarias en el gobierno se inclinan a que "lo mejor es hacer", y se encaminan a resolver, en el cortísimo plazo, una suerte de cierres focalizados y de "corta duración", parecido a como funcionó en la segunda ola en Italia.

Apoyados en una suerte de "mapa epidemiológico" para probar donde están los problemas y establecer en esas zonas las restricciones. El problema mayor que los aqueja para esa definición es la legitimidad.

"Si resulta que nadie nos da bola y la gente sigue en la calle masivamente, estaremos ante una suerte de pato rengo a dos años y medio de las presidenciales, algo inédito" razonan en gobierno. Razón no les falta.