Ocupar el cargo de Procurador General de la Nación no es cualquier cosa. El funcionario, es el fiscal ante la Corte y el jefe de todos los fiscales, fija la política de persecución criminal de un pais. 

El gobierno de Mauricio Macri no pudo designar uno, aunque el cargo estaba vancante, porque el kirchnerismo siempre controló el Senado. Y ni bien asumió, el gobierno de Alberto Fernández propuso para el cargo al ahora juez federal, Daniel Rafecas.

Pero como la ley de Ministerio Público que establece las mayorías para la designación, requiere los dos tercios y el perionismo no llega a esa fracción por sí mismo, la oposición bloqueó el nombramiento.

La jugada terminó siendo un boomerang, como muchas de las que impulsa la oposición. A la vicepresidenta Critina Fernández de Kirchner no la convencía especialmente Rafecas y encontró un hueco en la normativa: si bien para designar al Procurador hacen falta dos tercios, para modificar la ley que requiere esos dos tercios, basta con mayoría simple. Un ridículo legal, pero una puerta abierta.

De modo que desde el Senado se impulsó la modificación de la ley, que le permitiría a las mayorías simples congresuales (casi siempre peronistas), tanto designar como remover al Procurador.

Por cierto la oposición se espantó. Con lógica, la modificación es un espanto. Pero la provocaron ellos cuando rechazaron a Rafecas sin analizar su pliego ni escucharlo en audiencia, solo con el mismo espiritu de bloqueo que mostró antes el kirchnerismo.

El propio juez federal en una muestra de dignidad poco común, manifiestó reiteradamente que si la ley se modificaba declinaría su postulación.

Frente a esto, la oposición volvió a las fuentes, y decidió que ahora sí apoyará a Rafecas a cambio de que el oficialismo no insista con la sanción del proyecto de modificación de la ley de Ministerio Público.

Podríamos habernos ahorrado meses de discusiones estériles, chicanas y otras yerbas, si se hubiese tratado con seriedad el pliego de Rafecas de entrada, si se lo hubiese analizado, si se hubiese tomado su audiciencia y si convencía se lo aprobaba y sino, se lo rechazaba. Pero con seriedad. El Congreso no es un juguete y la Procuración General de la Nación tampoco.