No debería sorprendernos que esta vez el gobierno kirchnerista intente imponer una catarata de atropellos al estado de derecho mediante una ley de superpoderes para regular restricciones sanitarias.

Como si la pobreza, el desempleo y la inseguridad rampantes no fueran lo suficientemente limitantes, pretenden validar de un plumazo, más de un centenar de DNU pandémicos, avanzar sobre las autonomías de las provincias y restringir aún más la libertad de las personas. La concertación con las provincias es uno de los fundamentos del federalismo y la república.

No únicamente no respetan este principio, sino que el proyecto de ley ni suquiera prevé un tiempo límite para la delegación de facultades legislativas. En otras palabras, quieren pasar tranquilamente por encima de los gobernadores y que sea hasta que ellos decidan no hacerlo más, avivando el fantasma de la autocracia que siempre nos sobrevuela con este tipo de gobiernos populistas irrespetuosos de las normas, dañinos de las autonomías y postergadores del desarrollo.

En manos de este tipo de gobiernos, una situación de emergencia representa una oportunidad para desterrar el imperio de la ley. La Corte Suprema declaró inconstitucional la intervención virtual a las provincias. Así como intentan usurpar las potestades del gobierno de CABA, el gobierno nacional puede intentarlo con cualquier otra jurisdicción. El modo de promover la salud y la educación es una cuestión inherente a las provincias, una situación de “máxima relevancia institucional”, según la jurisprudencia.

De modo que al seguir insistiendo con una ley que copia y pega decretos, el gobierno expone una naturaleza evasiva de las leyes vigentes y escasísimo respeto a la Constitución Nacional. No únicamente el Gobierno desamparó a los argentinos negándoles la inmunidad que les prometió en tiempo y forma, sino que además provocó una catástrofe dentro de otra con medidas a contramano del sentido común y la institucionalidad.

Encerrarnos tanto tiempo (descuidando el sistema de salud) implicó, entre otras cosas, el colapso de miles de empresas con el consiguiente aumento del desempleo y la desesperación. Por otro lado, en los últimos dos años se crearon 19 impuestos nuevos que, en vez de contribuir a una mejor calidad de vida, han exacerbado la asfixia tributaria de los emprendedores, provocando un éxodo de personas y una crisis de fe en todo el sistema demorático.

La vulnerabilidad sanitaria se suma a la precariedad económica, una pobreza que llega casi a la mitad de la población. Tres de cada diez hogares no llegan a cubrir las necesidades básicas. La pandemia ha servido para desnudar la realidad de un gobierno que mantiene una relación meramente "extractivista" con sus ciudadanos, como si fueran un campo del que quieren cosechar votos sin que importe más nada.

Mientras, la energía está puesta en acomodar el aparato judicial para proteger a Cristina Kirchner de las ocho causas elevadas a juicio oral (y una decena de investigaciones en curso). Han desatado una peligrosa guerra interna de espaldas a las necesidades urgentes de los argentinos: educación, salud, seguridad, empleo y salud institucional.

El panorama es aterrador. No podemos convalidar este golpe de gracia a nuestras libertades. Una ciudadanía atrapada por tiempo indeterminado, con la justicia asimilada a un partido político, con un poder centralizado que abusa del resto del país, sumado a un pueblo que pierde el hilo de la escolaridad y pierde el respeto a sus instituciones, representa un caldo de cultivo para un desastre social aún mayor, con consecuencias impredecibles.