Este miércoles, los docentes universitarios se han vuelto a movilizar para exigir al Gobierno nacional la aplicación de la recomposición salarial estipulada por la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta toma forma a través de un paro de 72 horas, decidido anteriormente por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU en un plenario.
Esta norma, sancionada dos veces por el Congreso, cuenta con una medida cautelar judicial que todavía no ha sido cumplida, fue apelada por el Gobierno y rechazada in limine por el juez Martín Cormick, que volvió a darle cinco días a la Administración Milei para que cumpla con el fallo.
La demanda central de los universitarios es que el presidente Javier Milei implemente el aumento salarial del 33,4% previsto por la legislación vigente y respaldado por una orden judicial del juez Martín Cormick. Este magistrado ha dado un plazo de cinco días al Ejecutivo para cumplir con dicha medida cautelar, que incluye no solo ajustes salariales para docentes y no docentes, sino también para becas estudiantiles. A pesar de ello, la Casa Rosada ha apelado esta decisión.
La medida de fuerza se inscribe dentro de un plan de acciones previsto para culminar el próximo 15 de octubre con una nueva Marcha Federal Universitaria. Anteriormente, las universidades ya habían solicitado a la Justicia que interviniera debido al incumplimiento del Ejecutivo en la aplicación de la ley. La Cámara de Apelaciones confirmó en marzo una resolución del juez Cormick, cuyo fallo fue ratificado por la Corte Suprema el 25 de junio.
El sector universitario calcula que sus salarios requieren una recomposición del 31,2%, sin embargo, solo se les ofreció un aumento del 3% en las últimas negociaciones paritarias. La ley fue sancionada en 2025 y, tras ser vetada por Javier Milei, regresó al Parlamento donde fue aprobada con dos tercios de los votos. Aunque el Ejecutivo la promulgó, su aplicación fue puesta en suspenso por falta de especificación en las fuentes de financiamiento, lo que ocasionó que las universidades iniciaran acciones legales y diversas protestas.
