Flybondi enfrenta un severo embate fiscal tras los embargos ejecutados en las últimas horas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP. El fisco reclama a la aerolínea low cost alrededor de 6.700 millones de pesos por obligaciones sociales y previsionales adeudadas desde marzo de 2026, en el marco de ocho demandas judiciales en curso.
De esas causas, al menos seis ya cuentan con ejecución fiscal, lo que habilitó la retención de fondos por orden judicial. En consecuencia, el Banco Central debe incautar los depósitos que la compañía mantenga en el país, ya sea en cajas de ahorro, cuentas corrientes o plazos fijos.
La empresa, vinculada a Leonardo Scatturice, habría acumulado deudas en esos conceptos durante marzo, abril, mayo y junio de 2026, en paralelo con una parálisis operativa y una crisis interna con su plantilla. A la presión del fisco se suman reclamos millonarios de proveedores por pagos impagos desde hace varios meses, uno de los factores que precipitó la caída de contratos de leasing de aviones y el recorte de la flota disponible. Esa situación derivó en una ola de cancelaciones de vuelos.
El frente laboral agrava el cuadro: más de 700 ex empleados reclaman el pago comprometido en el plan de retiros voluntarios de principios de año, mientras las tripulaciones que permanecen en relación de dependencia atraviesan incertidumbre y tensión. Con salarios impagos y despidos inminentes, los trabajadores aeronáuticos encuentran un mercado interno estrecho, limitado a Aerolíneas Argentinas y JetSMART como alternativas de empleo.
