El Gobierno modificó el mecanismo de financiamiento del descuento del 55% que reciben los beneficiarios de la Tarifa Social y dejó de actualizar automáticamente la cobertura en la red SUBE cuando las jurisdicciones aumentan el boleto. A través de la Resolución 40/2026, la Nación fijó “tarifas de referencia” que funcionarán como tope para el cálculo del beneficio que financia el Tesoro. Las nuevas tarifas se aplican desde el 1 de julio y seguirán vigentes hasta que la Secretaría de Transporte las revise.
Para provincias y municipios la referencia será la tarifa vigente al 30 de junio de 2026; para los servicios de jurisdicción nacional se tomarán los cuadros aprobados en mayo de 2026. Con ese criterio, cualquier incremento posterior decidido por una jurisdicción quedará fuera del tope que financia la Nación, de modo que la responsabilidad del costo adicional recaerá en cada distrito que lo aplique. La medida no impide que gobernaciones y municipios fijen sus propios cuadros tarifarios ni que mantengan regímenes de gratuidad distintos.
El Ejecutivo justificó el cambio señalando la “marcada dispersión tarifaria” y la frecuencia de aumentos heterogéneos que complicaban la previsión del gasto público. Según la resolución, establecer tarifas de referencia permite disponer de un parámetro objetivo, uniforme y verificable para calcular el beneficio y administrar mejor los recursos estatales destinados a su financiamiento. El universo de beneficiarios y el 55% de descuento se mantienen sin alteraciones.
La operativa del nuevo esquema estará a cargo de Nación Servicios S.A., que debe actualizar los sistemas centrales de la red SUBE para aplicar el cálculo sobre las tarifas de referencia. Para seguir percibiendo el descuento, los usuarios deberán conservar la tarjeta SUBE registrada. La resolución ya está en vigor y sus efectos dependerán de futuras actualizaciones que decida la Secretaría de Transporte.
