Hoy, está previsto que en el Salón Azul del Senado, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda den el puntapié inicial al tratamiento de una nueva Ley de Biocombustibles. El tema entró en agenda desde la presentación de un expediente firmado por Patricia Bullrich. También serían considerados los impulsados por Beatriz Ávila, Flavia Royón, Alejandra Vigo, José Carambia y Carlos Arce.
En ese contexto, un amplio conjunto de entidades representativas de la producción, la industria, el trabajo, la academia y las cadenas vinculadas al bioetanol expresó su respaldo al proyecto. Las organizaciones sostuvieron que la iniciativa constituye una oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo del país.
Las instituciones firmantes destacaron que la iniciativa avanza hacia un marco de mayor previsibilidad para el sector, al promover nuevas inversiones, fortalecer las economías regionales y permitir que la Argentina aproveche sus ventajas competitivas en materia agropecuaria y agroindustrial. En ese sentido, solicitaron al Senado que acompañe el tratamiento de la propuesta y reconozca su relevancia estratégica para el desarrollo nacional.
El documento de apoyo remarca el papel del bioetanol argentino, elaborado a partir de la caña de azúcar y del maíz, como un claro ejemplo de agregado de valor en origen. Según las entidades, la transformación de materias primas en energía impulsa las cadenas productivas, genera actividad económica y promueve el desarrollo en distintas regiones del país.
Asimismo, las organizaciones subrayaron que una mayor incorporación de bioetanol en las naftas permitirá mejorar la balanza comercial mediante la reducción de las importaciones de combustibles fósiles y el consecuente ahorro de divisas. En particular, señalaron que el aumento de la mezcla obligatoria del 12% al 15%, contemplado en el proyecto, incrementará la demanda de maíz y caña de azúcar y profundizará la industrialización de los recursos nacionales.
Por último, las entidades consideraron que la iniciativa oficialista crea las condiciones para una nueva etapa de inversiones, al fomentar la competencia, la apertura económica, la participación de las provincias y una mayor eficiencia en los mercados energéticos. “La oportunidad es ahora”, concluyeron, al reiterar su apoyo a una política energética de largo plazo que integre producción, industria, sustentabilidad y desarrollo federal.
