Confirmaron el procesamiento del empresario acusado de abusar de diez adolescentes: deberá usar tobillera electrónica

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó también la entrega de equipos de alerta personal a las personas denunciantes para impedir acercamientos que vulneren las restricciones. Empero, rechazó los pedidos de detención.
29 de Mayo de 2026 12:39hs
Confirmaron el procesamiento del empresario acusado de abusar de diez adolescentes: deberá usar tobillera electrónica
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La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Marcelo Eduardo Porcel por presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes y ordenó la implementación de medidas tecnológicas de control. El tribunal avaló los cargos que había promovido el juez de instrucción, al considerar que existen indicios suficientes para avanzar en la investigación por abuso agravado y corrupción de menores.

Los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini dispusieron la colocación inmediata de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización sobre Porcel, además de la entrega de equipos de alerta personal a las personas denunciantes para impedir acercamientos que vulneren las restricciones. Estas decisiones combinan herramientas de vigilancia con mecanismos de protección para las víctimas durante la instrucción.

Durante la audiencia, la fiscalía, la querella y la asesora de menores reclamaron la detención preventiva del imputado por el riesgo procesal que, a su juicio, implica su libertad; siete de las personas denunciantes sumaron su voz mediante una carta dirigida al tribunal pidiendo medidas más drásticas. Pese a esos pedidos, la Cámara rechazó la prisión preventiva y optó por mantener a Porcel en libertad, pero bajo un régimen cautelar más estricto.

El fallo también intimó al imputado a someterse a la extracción de material genético para un estudio de ADN, gesto que el tribunal consideró necesario para el avance probatorio. En suma, la resolución ordena la apertura y continuidad de la instrucción penal y prioriza controles electrónicos y restricciones sobre la privación de la libertad.

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