El juez Alejandro Litvak dictó una medida de no innovar sobre el subsuelo y la superficie del patio trasero del inmueble de Av. Congreso 3742, por un plazo de sesenta días. La resolución, firmada el 11 de mayo, prohíbe a Cristian Graf realizar modificaciones en el jardín donde hace un año se hallaron restos correspondientes a Diego Fernández Lima, desaparecido en julio de 1984.
Fernández Lima tenía 16 años y fue compañero de Graf en el ENET N° 36, razón por la cual Graf figura como el principal sospechoso. En las últimas semanas la investigación registró avances técnicos: la fiscalía solicitó y el juez autorizó el uso de un georradar de Gendarmería en el sector donde se ubicó la fosa, con el objetivo de identificar posibles vestigios enterrados.
La pericia se llevó a cabo el 4 de mayo con la participación de la División Pericias Complejas de Gendarmería y del Equipo Argentino de Antropología Forense, que había sido clave para la identificación inicial de los restos. El equipo de Gendarmería estuvo compuesto por seis profesionales: dos geólogos, un antropólogo, dos operadores geofísicos y un fotógrafo/planimetrista.
La resolución dice: "Dar con los restos óseos faltantes de quien fuera en vida Diego Fernández, como así también con material no biológico de interés, el arma utilizada para dar muerte, oportunidad en la que se debía proceder al secuestro de todos los elementos hallados". El georradar emite ondas electromagnéticas de alta frecuencia y registra reflejos que indican alteraciones del terreno; esos datos, que requieren análisis especializado porque no son imágenes nítidas, permitirán decidir si es necesario excavar. El informe podría estar disponible esta semana, cuando se cumple un año del descubrimiento de los restos.
