Esta semana, una causa por presunto lavado de activos y contrabando de divisas motivó una serie de allanamientos en varias provincias. Unas treinta diligencias ordenadas por la Justicia federal terminaron con la imputación de al menos 23 personas y el secuestro de bienes de diverso tipo, entre ellos más de medio millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, alhajas y equipos electrónicos, según fuentes judiciales.
La investigación se concentra en una organización que operaría desde Argentina y que habría desplegado maniobras financieras complejas vinculadas a salas de juego en Las Vegas. El vínculo internacional tomó peso después de una denuncia ante la Justicia de Estados Unidos por movimientos irregulares que habrían implicado operatorias de juego y transferencias de dinero con personas radicadas en el país.
En etapas previas del expediente surgieron nombres públicos —exfutbolistas y un periodista—, lo que potenció la visibilidad del caso y derivó en detenciones temporales fuera del territorio nacional. El episodio que involucró la detención de un comunicador en Miami puso de relieve la dimensión transfronteriza de las pesquisas y la cooperación entre jurisdicciones.
Según el avance de la causa, el presunto líder sería Maximiliano Palermo, quien habría organizado un esquema con familiares y colaboradores asignados a captación, operaciones de transferencia y logística financiera. Los investigadores describen que la captación se realizaba ofreciendo viajes totalmente pagos a personas con visado estadounidense vigente, con comisiones de alrededor de USD 7.000 por viajero, y que algunos reclutados eran instruidos en un espacio que recreaba un ambiente de casino para preparar la dinámica de juego y los flujos de dinero usados por la red.
