El Gobierno nacional oficializó el cierre del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), una de las principales herramientas de planificación del sector en las últimas dos décadas, mediante la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La medida marca un cambio de fondo en la estructura institucional de la vitivinicultura argentina y redefine el vínculo entre el Estado, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y los establecimientos productivos.
La resolución establece la finalización formal del programa impulsado por COVIAR, concebido originalmente con horizonte en 2020, y fija un plazo de tres meses para completar su cierre administrativo. En ese lapso, la entidad deberá presentar un informe final con la rendición de cuentas correspondiente y una evaluación integral de los resultados alcanzados durante la ejecución del plan.
Uno de los puntos más relevantes de la normativa es la eliminación de las contribuciones obligatorias previstas en la Ley 25.849, aportes que realizaban los establecimientos vitivinícolas para financiar las acciones del PEVI. Estas contribuciones habían sostenido durante años distintas iniciativas de promoción, desarrollo y planificación estratégica del sector, incluso más allá del plazo inicial del programa, a partir de sucesivas prórrogas impulsadas por COVIAR.
Con la nueva disposición, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) deberá cesar de inmediato la recaudación de esos fondos. Además, el remanente de recursos no ejecutados al momento del cierre será transferido al patrimonio del organismo, que continuará desempeñando sus funciones de control, fiscalización y regulación de la actividad vitivinícola en todo el país.
En los fundamentos de la resolución, la Secretaría de Agricultura sostiene que el PEVI tenía un plazo de vigencia claramente delimitado hasta 2020 y remarca que cualquier extensión posterior debía contar con aprobación expresa del Poder Ejecutivo. Bajo esa interpretación, iniciativas como la reformulación hacia un “PEVI 2030”, promovida por COVIAR, no tendrían carácter vinculante sin la validación oficial correspondiente.
Pese al cierre del plan estratégico, COVIAR continuará funcionando como entidad, aunque sin el financiamiento compulsivo que durante años sostuvo buena parte de su estructura operativa. El nuevo escenario abre interrogantes sobre cómo se financiarán en adelante las políticas de promoción y desarrollo sectorial, al tiempo que obliga a replantear la articulación público-privada que fue una de las marcas distintivas de la vitivinicultura argentina en las últimas décadas.
