La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) denunció la existencia de un esquema de extracción intensiva de recursos pesqueros en las Islas Malvinas que, según sus estimaciones, supera las 260.000 toneladas anuales de especies originadas en aguas argentinas. La entidad advirtió que ese volumen representa más de un tercio de toda la pesca nacional y genera consecuencias económicas, ambientales y productivas de gran magnitud para el país.
El informe, elaborado tras un relevamiento encabezado por el titular de la Fundación, Raúl Cereseto, sostiene que el Reino Unido consolidó en la zona un modelo de explotación basado en licencias pesqueras de largo plazo otorgadas a flotas extranjeras. Durante 2024, las capturas en aguas bajo control británico alcanzaron las 261.903 toneladas, con una fuerte incidencia del calamar Illex, mientras que los ingresos generados por permisos y comercialización rondarían los 1.000 millones de dólares anuales.
Otro de los puntos señalados por la investigación es el esquema operativo del negocio: apenas el 20% de las capturas se descarga en las islas, un 10% se deriva al puerto de Montevideo y el 70% restante se transfiere directamente en alta mar. Para FULASP, este circuito evidencia la ausencia de desarrollo industrial local y consolida un modelo extractivo centrado exclusivamente en la explotación del recurso, con escaso control y fuerte participación de flotas internacionales.
La entidad también alertó por la presión creciente sobre el ecosistema marino del Atlántico Sudoccidental. Entre las señales más preocupantes mencionó la cancelación de la segunda temporada de pesca del calamar Loligo en 2024 por falta de biomasa, además de la intensa actividad pesquera en la denominada milla 201, donde operan más de un centenar de buques y se registran frecuentes tensiones sobre la Zona Económica Exclusiva argentina.
Frente a este panorama, FULASP anunció presentaciones ante organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Mercosur y la Unión Europea, para reclamar medidas diplomáticas, ambientales y comerciales. Desde la fundación remarcaron que la situación excede la cuestión pesquera y la definieron como un problema de soberanía, desarrollo económico y sustentabilidad ambiental que requiere una respuesta urgente.
