El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para solicitar la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario. En la presentación, el Ejecutivo repite los argumentos que ya utilizó en la apelación ante la Cámara y en el decreto de promulgación de la norma. El núcleo del reclamo oficial sostiene que la legislación no detalla qué partidas presupuestarias deben modificarse para cumplirla.
Esta postura se remonta al veto que Nación aplicó a la ley en 2025 y que el Congreso luego insistió en sancionar. En el decreto 647/2025, los abogados del oficialismo alegaron que la norma quedaba suspendida hasta que el Legislativo definiera las fuentes de financiamiento. Ese argumento fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal el 31 de marzo.
Los jueces confirmaron la cautelar que ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, referidos a la actualización salarial y a la recomposición de becas. La Sala III sostuvo que no se puede suspender una ley posterior del Congreso apoyándose en una norma anterior de igual jerarquía. Mientras tanto, el Gobierno asegura que actualizará las partidas universitarias y cumplirá con los giros mensuales que habilita la ley.
El Ejecutivo planea incorporar la adecuación presupuestaria al presupuesto 2026 y ejecutarla de forma mensual hasta fin de año, sin un desembolso único e inmediato. Esta disputa universitaria se suma al frente judicial por la reforma laboral, para la cual la Casa Rosada impulsó un per saltum ante la misma Corte. El máximo tribunal quedó así involucrado en dos conflictos de alto voltaje político.
