El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional enviará al Congreso un nuevo proyecto para modificar la Ley de Salud Mental vigente desde fines de 2010. La iniciativa actualiza la normativa con el fin de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Desde el Ministerio de Salud explicaron que el proyecto protege a pacientes y terceros en situaciones sin encuadre adecuado. Además, supera limitaciones para casos de riesgo y emergencia, y clarifica conceptos y criterios clave.
Las autoridades realizaron un relevamiento con testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental, y especialistas judiciales y legislativos. Este proceso detectó problemas cotidianos en la materia. Solo 16 de las 24 jurisdicciones adhieren formalmente a la ley actual, y apenas 18 hospitales generales cuentan con servicios de salud mental. Estos datos resaltan los mayores impedimentos del sistema.
El proyecto reemplaza el término "padecimiento mental", considerado ambiguo y amplio, por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas). Así, incorpora el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para mayor precisión en diagnósticos e intervenciones. También sustituye el criterio actual por "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o terceros". De esta forma, permite intervenciones oportunas y preventivas.
La internación sigue como recurso excepcional pero necesario; los psiquiatras podrán decidirla de modo involuntario, con ratificación de un equipo interdisciplinario. El plazo de notificación judicial se extiende de 10 a 24 horas. En internaciones voluntarias, una solicitud de alta evaluará la capacidad del paciente, y si está afectada, se convertirá en involuntaria con aviso judicial. Además, se fortalece la red con centros especializados, incorporando al ministerio de Salud en el Órgano de Revisión junto a SEDRONAR y otras áreas técnicas.
