El Gobierno oficializó este miércoles el aplazamiento de los impuestos a los combustibles líquidos. La medida busca evitar un impacto inflacionario a corto plazo. Prioriza esta acción ante el alza global de la energía. El decreto en el Boletín Oficial justifica el diferimiento para estimular el crecimiento económico y mantener un sendero fiscal sostenible.
La administración recurre a este mecanismo de postergación de ajustes de forma recurrente. Así suaviza el traslado a precios sin dañar la recaudación. El superávit fiscal permanece como prioridad clave. Sostiene la desinflación y la estabilidad monetaria, por lo que descarta bajar el impuesto para abaratar naftas.
En el primer bimestre de 2026, la recaudación por estos impuestos alcanzó $870.558 millones. Equivale a más de USD 600 millones o 0,1% del PBI. Representa un ingreso relevante en el esquema fiscal actual.
La postergación llega con fuerte presión sobre los combustibles. La nafta súper subió cerca del 18% en marzo y se acerca a $2.000 por litro en algunas zonas. El petróleo internacional crece por la guerra en Medio Oriente. Además, el Ejecutivo habilita a refinadoras a elevar el corte de bioetanol al 15%. La Secretaría de Energía ajustó el límite de oxígeno para incorporar más biocombustibles. Esto reduce la proporción de derivados del petróleo y modera costos.
