La Justicia federal falló este martes a favor de las universidades públicas y ordenó al Gobierno nacional aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en septiembre de 2025 por el Congreso. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y dejó sin efecto la suspensión por decreto, en un contexto de medidas de fuerza docente por reclamos salariales y presupuestarios. El fallo sostiene que ambas cámaras habían insistido con dos tercios de los votos, lo que convirtió la norma en ley, y califica como poco serios los argumentos oficiales para no cumplirla.
El tribunal dispuso que el Poder Ejecutivo debe actualizar de manera inmediata los salarios de docentes y no docentes y las becas universitarias, considerando ilegítima la suspensión de la ley por decreto. La resolución subraya que la implementación de la norma tiene un impacto acotado en el equilibrio fiscal, ya que el costo estimado representa apenas el 0,23% del PBI. El Gobierno había apelado en febrero la medida cautelar que ya lo obligaba a aplicar la ley, dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema.
La norma votada en el Congreso incluye un aumento presupuestario para el funcionamiento de las universidades, la recomposición salarial de todo el personal y el mantenimiento de líneas de apoyo para ciencia y tecnología. Establece que los sueldos deben ajustarse de forma automática por la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley en septiembre de 2025, y que el Estado debe convocar a las organizaciones gremiales a paritarias al menos cada tres meses, con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación del Indec. El Ejecutivo, anticipándose a un fallo desfavorable, remitió al Congreso un proyecto alternativo que reconoce solo una parte menor de la pérdida salarial y no se alinea con el esquema de ajuste mensual ni con la corrección de los recursos de funcionamiento.
El CIN señaló esta semana que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios universitarios crecieron un 158%, pero la inflación llegó al 280%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 32%. Según los rectores, esta situación ubica a los sueldos docentes en el nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los mínimos desde el regreso de la democracia. El propio Consejo estimó que sería necesario un aumento del 47,3% para recuperar el poder de compra perdido, en un marco en el que Conadu y Conadu Histórica mantienen una medida de fuerza de 72 horas y algunas cátedras realizan clases públicas en lugar de sumarse al paro.
