La FAA cuestionó la decisión oficial de modificar el sistema de vacunación contra la aftosa y alertó que bajar costos no puede hacerse debilitando un esquema que garantizó el estatus sanitario del rodeo argentino.
La decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa sumó un nuevo rechazo dentro del sector agropecuario. La Federación Agraria Argentina cuestionó la medida que impulsa el ministro Federico Sturzenegger, que habilita una mayor participación de veterinarios privados y desplaza a las fundaciones que históricamente administraron el sistema, y puso el foco en los riesgos sanitarios más que en la discusión económica. En un comunicado, la entidad señaló que “la sanidad animal en la Argentina es un enorme capital construido con el esfuerzo de todos: los productores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y las entidades del sector”, y advirtió que ese entramado “ha funcionado muy bien durante muchos años y permitió sostener estándares sanitarios reconocidos en el mundo”.
El pronunciamiento se suma a las críticas surgidas tras la resolución oficial que busca desregular parcialmente el sistema con el objetivo de reducir costos. Sin embargo, desde la entidad federada remarcaron que el problema no es el esquema vigente sino la falta de control. “Los productores queremos bajar costos, claro que sí. Pero ese no es el camino”, afirmaron, y agregaron que desde hace tiempo vienen reclamando que “aquellos entes donde los costos están desfasados debían ser controlados y ordenados”, algo que —según indicaron— no se hizo.
En ese sentido, la organización planteó que el Estado debe intervenir para corregir desvíos sin debilitar el funcionamiento general del sistema sanitario. “Controlar el precio de la vacuna y de su aplicación, y actuar donde las cosas no se hacen bien, es una obligación del Estado. Pero eso no se resuelve debilitando un sistema sanitario que ha demostrado que funciona”, expresaron. El modelo actual se basa en una articulación público-privada donde el SENASA fija las normas y supervisa, mientras que fundaciones y entes locales ejecutan las campañas y garantizan cobertura territorial, esquema que fue clave para sostener el estatus sanitario necesario para exportar.
Uno de los puntos más sensibles del comunicado fue la advertencia sobre la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. “Con la medida tomada la semana pasada se restringe el poder de contralor por parte del Senasa, en caso de una emergencia los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla”, alertaron. En ese marco, la Federación Agraria defendió el rol operativo de las estructuras territoriales y concluyó: “El problema radica en el control efectivo de la aplicación de la vacuna, que ha sido lo que lograron los entes sanitarios bajo la articulación público-privada”. Finalmente, la entidad sostuvo que “el verdadero camino es fortalecer el sistema sanitario argentino. Vivimos en un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, y así sostener y ampliar los mercados de la ganadería argentina”.
