El Estado argentino presentó el martes por la noche una carta ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York. En ese documento, anunció un acuerdo con los fondos que mantenían judicializada la deuda soberana en default desde 2001. De esta manera, Argentina resolvió el litigio con ambos acreedores que contaban con sentencias a su favor.
Las partes pidieron a la jueza suspender el proceso judicial. Solicitaron específicamente dejar en suspenso la moción de Bainbridge del 17 de octubre de 2025. Esa moción buscaba la entrega de las participaciones de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas, hasta completar el acuerdo de conciliación.
Attestor Master Value y Bainbridge Fund, conocidos como holdouts, pactaron dividirse el colateral de los Bonos Brady embargados a Argentina. Ese colateral estaba depositado en la Reserva Federal. La carta no menciona la moción de Bainbridge sobre las acciones de YPF.
El conflicto surgió con bonos emitidos en los años 90 bajo el Plan Brady. Tras el default de 2001, estos fondos rechazaron los canjes de 2005, 2010 y 2016. Optaron por la vía judicial en Nueva York para reclamar el valor nominal completo más intereses, y centraron la disputa en activos no protegidos por la Ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros. Argentina tenía fondos en la Reserva Federal como garantía de esos bonos, que vencieron en 2023.
