El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, justo antes de sancionar la reforma laboral. La iniciativa, ya aprobada en Diputados, incluye penas máximas de 15 años solo para delitos graves como homicidios, abusos sexuales o secuestros, y prioriza la privación de libertad como último recurso para menores, con institutos especializados que garantizan educación y salud hasta los 18 años.
El oficialismo construyó consensos mediante concesiones, como mantener el límite en 14 años en vez de 13 y asignar unos 23.000 millones de pesos para su implementación estructural, pese a críticas opositoras por falta de partidas presupuestarias y riesgos para gobernadores. La Casa Rosada celebró el fin de décadas de inacción legislativa, alineando el marco normativo con la realidad criminal actual y enfocándose en justicia para víctimas.
Horas después, la Cámara alta dio luz verde a la reforma laboral con 42 votos positivos, 28 negativos y dos abstenciones, tras cambios en Diputados que eliminaron un artículo restrictivo sobre indemnizaciones por accidentes o enfermedades fuera del trabajo, limitadas previamente al 50% de haberes. El Gobierno destacó el avance hacia mayor libertad laboral, rompiendo con patrones de conflictividad, bloqueos y violencia.
Fuera del Congreso, sindicatos como el FreSU, con UOM y ATE, convocaron paro y marcha en rechazo, mientras la CGT optó por un recurso judicial y movilización para el lunes. La oposición denunció violaciones reglamentarias en el trámite exprés y pronosticó conflictos judiciales.
