El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad con el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma establece un nuevo régimen de pensiones no contributivas, mecanismos de control y una estructura institucional para su aplicación. Además, convierte automáticamente las prestaciones previas en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La medida entró en vigencia de inmediato con su publicación.
La decisión surgió tras un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana en diciembre. Ese sentencia declaró inválida la suspensión de la Ley 27.793 y ordenó su ejecución inmediata. El juez argumentó que condicionar la norma a la disponibilidad presupuestaria viola obligaciones constitucionales e internacionales del Estado. El Ejecutivo acató la orden sin reconocer los fundamentos judiciales.
La reglamentación detalla criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades para las pensiones. También define procedimientos administrativos, sistemas de auditoría y articulación con políticas de inclusión laboral. La Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora bajo el Ministerio de Salud, actúa como autoridad de aplicación. Esta dependencia convocará al Consejo Federal en 30 días para fijar parámetros de evaluación socioeconómica y un plan de auditorías periódicas.
El decreto promueve esquemas de cooperación y cofinanciamiento con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, según sus competencias y presupuestos. Así, fortalece el control del sistema y previene superposiciones con otros beneficios. La ley rige hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción a prórroga por un año, e inicia una etapa de implementación bajo supervisión judicial.
