El Gobierno nacional dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por 12 meses a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Afirma haber detectado irregularidades financieras, desvíos de fondos y un deterioro de la infraestructura que, según el organismo, compromete la seguridad y la operación de la terminal en plena temporada de cruceros. La medida regirá hasta que el gobierno de Tierra del Fuego corrija las anomalías señaladas, luego de varias inspecciones sin respuestas concretas, denuncias de presunto vaciamiento por parte de los trabajadores y advertencias de empresas navieras sobre las condiciones del puerto.
La administración Milei sostiene que las inspecciones de la ANPYN revelaron fallas estructurales en el muelle, entre ellas pilotes faltantes en el sitio 3, defensas dañadas, problemas en el tablestacado, deterioro de la carpeta asfáltica y deficiencias en la seguridad operativa. A estas observaciones se suman cuestionamientos a la gestión administrativa y financiera, como la falta de un registro adecuado de ingresos, egresos y compras, tarea tercerizada en una firma habilitada para la venta de artículos sin vínculo con la actividad portuaria, y el uso de un tercio del presupuesto del puerto para gastos generales de la provincia, en contraste con el escaso 1,3% destinado a obras y servicios en la terminal.
El gobernador Gustavo Melella rechazó la intervención y afirmó que el puerto de Ushuaia funciona con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros, por lo que, a su juicio, no existe una razón objetiva que justifique una decisión de esa magnitud. Desde la Dirección Provincial de Puertos, su titular, Roberto Murcia, fue más duro: calificó de arbitraria y extorsiva la medida, denunció el uso de “falsos pretextos técnicos” y marcó como contradictoria la resolución, que primero suspende la habilitación de la terminal y luego deja sin efecto esa suspensión para no interrumpir la operatoria.
En paralelo, el Gobierno nacional confirmó que, mientras dure la intervención, la ANPYN contará con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina para reforzar la seguridad y optimizar las operaciones en el puerto fueguino. Las principales gerencias continuarán bajo responsabilidad de cuadros técnicos locales, considerados por la propia agencia con la capacidad necesaria para sostener el funcionamiento cotidiano de la terminal, mientras se ejecutan las medidas correctivas reclamadas por la Nación.
