La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aprobó el cronograma propuesto por los demandantes contra Argentina. Este avance busca sanciones por desacato en un expediente paralelo al juicio principal por la expropiación de YPF. Además, fijó una audiencia probatoria para el 23 y 24 de marzo. El especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors, advierte que esta decisión muestra un análisis serio de las acusaciones.
El conflicto surge en el proceso de "discovery", separado del caso madre por la estatización de 2012. La Justicia estadounidense indaga bienes embargables de Argentina, como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat, el Banco Central o YPF. El objetivo es asegurar el cobro de USD 16.100 millones. Preska ya dictó una sentencia adversa en primera instancia y ordenó esa indemnización por daños a accionistas minoritarios, aunque el fallo espera apelación en la Corte del Segundo Circuito.
La tensión se centra en la entrega de "comunicaciones fuera de línea", como mensajes, chats y correos de exfuncionarios y actuales miembros del Gobierno. La orden incluye WhatsApp del ministro Luis Caputo, el canciller y Pablo Quirno, así como datos de Sergio Massa y su equipo. Estos se niegan por ahora a cumplir. Fuentes oficiales insisten en que Argentina coopera con entregas parciales y no está en desacato.
Los demandantes, impulsados por Burford Capital —que compró derechos de Petersen Energía—, presentarán el pedido formal de sanciones el 15 de enero. Argentina responderá el 19 de febrero, con contrarréplica el 5 de marzo. Recientemente, Preska suspendió una investigación sobre activos de YPF, en un gesto favorable, pero criticó argumentos argentinos sobre un swap con China como "ridículos".
