La decisión de postergar su implementación “es un paso en la dirección correcta y se alinea con las numerosas gestiones y planteos realizados” por el Gobierno argentino y “garantiza que las exportaciones agropecuarias a la UE no estén sujetas a nuevos requisitos de naturaleza ambiental”, puntualizó en un comunicado la Secretaría de Agricultura de la Nación (SAGyP).
Agregan que la “Argentina ha sido consistente en sus objeciones a esta normativa —de carácter unilateral— y ha aunado esfuerzos con el sector agroexportador” para presentar información relevante que, a través de las gestiones diplomáticas y técnicas de la Cancillería y la SAGyP, permitan demostrar que nuestros productos de exportación a la UE “conllevan un bajo o despreciable riesgo de deforestación”.
El comunicado consigna que “nuestro país confía en 2026 “ofrecerá la posibilidad de llevar adelante un diálogo constructivo con la Comisión Europea”; y puntualiza que “se continuarán promoviendo los esquemas de trazabilidad y certificación de la SAGyP para fortalecer la competitividad de nuestros exportadores de soja, carne y madera, y sus derivados, en el mercado europeo”.
